El 22 de septiembre de 2008, Luciano fue torturado en el destacamento de Lomas del Mirador. Por ese hecho fue condenado en 2015 a diez años de prisión el ex policía bonaerense Julio Torales. El 31 de enero de 2009 desapareció y fue encontrado recién en 2014, cuando su cuerpo fue identificado luego de permanecer enterrado como NN en un cementerio. La investigación judicial que tiene que esclarecer su desaparición y su muerte aún sigue en etapa de instrucción. En todos estos años el Estado no dio respuestas sobre el caso y, en su lugar, sólo sumó obstáculos para acceder a la verdad y la justicia.
En los años 2012 y 2013, la familia de Luciano Arruga y el CELS denunciamos y pedimos juicio político a las fiscales Roxana Castelli y Celia Cejas y al juez de garantías Gustavo Banco por sus reprochables conductas durante la investigación por la desaparición de Luciano. Castelli delegó la investigación en la policía de la provincia de Buenos Aires, que tenía el antecedente de haber hostigado y torturado a Luciano, avaló irregularidades policiales y negó información de la causa a les familiares. Cejas pidió y sostuvo la intervención de los teléfonos de Mónica Alegre, Vanesa Orieta y otres familiares de forma arbitraria, secreta y extendida en el tiempo. Y el juez Banco avaló esas intervenciones durante más de un año, es decir, que ordenó una intervención arbitraria e ilegal sobre la privacidad e intimidad de la familia.
Recién en 2019 concluyó el sumario. Solo la familia de Luciano y el CELS avanzaron con la acusación. La Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia y la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios desistieron de continuar con el proceso.
Sumado a todo esto, el Jurado de Enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires dispuso que para que la investigación continúe la familia debía pagar una fianza, lo que constituyó una traba económica. Además, vulneró un derecho de las víctimas al impedir que la mamá y la hermana de Luciano contaran con acompañamiento psicológico durante una reunión con el presidente del jurado.
Si bien el tribunal hizo lugar al planteo realizado por el CELS y reconoció la afectación al derecho de acceso a la justicia para la familia de Luciano, el proceso sigue demorado.
En 2021, junto con los familiares de Luciano, volvimos a pedir que declaren admisible la acusación y se realice la audiencia de juicio contra las fiscales Castelli y Cejas y el juez Banco. En el día del décimo tercer aniversario, seguimos esperando la respuesta del sistema de justicia.
Foto: Familiares y amigos de Luciano Arruga