La declaración del ex capitán del Ejército Rodolfo Correa Belisle fue determinante para que se conocieran los distintos círculos de encubrimiento del crimen del soldado Omar Carrasco en el cuartel de Zapala, en Neuquén, en 1994. Ese caso provocó conmoción en la opinión pública y resultó decisivo para que el gobierno de Carlos Menem dispusiera el final del Servicio Militar. Pero luego de ese testimonio clave, Correa Belisle sufrió un arresto por tres meses, un juicio militar por irrespetuosidad y su expulsión de la fuerza. El ex capitán recurrió a la CIDH, logró la modificación del código de justicia militar a partir de un acuerdo con el Estado, y obtuvo un pedido de disculpas por estos hechos de parte del gobierno argentino. También reclamó a nivel interno una reparación por haber sido echado del Ejército. Luego de un largo recorrido judicial, ahora la Corte Suprema entendió que la decisión de excluirlo de la fuerza resultaba inseparable de su testimonio en la causa por el asesinato de Carrasco y envió el expediente a otra sala de la Cámara en lo Contencioso Administrativo para que resuelva si corresponde una reparación.
Durante la causa penal por el crimen del soldado, en enero de 1996, Correa Belisle declaró que el entonces Jefe del Estado Mayor General del Ejército, Martín Balza, había mentido al sostener que las fuerzas armadas no habían investigado ese homicidio. De su testimonio también se desprendían posibles maniobras de encubrimiento por parte de miembros del Ejército, entre ellos agentes de inteligencia militar. Un mes después de que diera ese testimonio a Correa Belisle se le comunicó su pase a retiro.
El ex capitán decidió demandar al Estado para que lo indemnizaran de manera integral por la expulsión y el juicio militar al que fue sometido. Su reclamo tuvo una sentencia favorable en primera instancia en el fuero Contencioso Administrativo Federal. Pero luego la Cámara revocó parte del fallo y entendió como legítimo su pase a retiro. Con el acompañamiento del CELS, su causa llegó a la Corte Suprema, que en su resolución de hace unas semanas interpretó que el pase a retiro de Correa Belisle tenía un vínculo directo con su declaración testimonial en la causa por el asesinato de Carrasco.
“La decisión de la Corte de anular el fallo de Casación es reparadora para mí. Es un fallo que no tuvo en cuenta la realidad y que además vulnera el principio de inocencia. La Corte observó que mi despido fue un castigo. Cuando vieron lo que declaré decidieron sancionarme. Es terrible ver que pasaron 24 años del comienzo del juicio en 1998. Es mucho tiempo”, explica Correa Belisle.
En paralelo, el ex capitán recurrió a la CIDH. En ese proceso, el Estado reconoció la ilegitimidad de los hechos vinculados con el juicio militar -por el cual estuvo 90 días preso- y entendió que generaban la obligación de indemnizar, pero no tuvo el mismo razonamiento al evaluar el pase a retiro de Correa Belisle. El Estado se disculpó por haberlo echado de la fuerza y sometido a un proceso militar incompatible con los estándares internacionales, lo que llevó finalmente a reformar el Código de Justicia Militar, para adaptarlo a los requerimientos del sistema interamericano.
En su decisión de estas semanas la Corte determinó que resolvía el caso en el sentido que propuso tiempo atrás la ex procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien también había sostenido en su dictamen que el pase a retiro no podía leerse sin el contexto de la declaración de Correa Belisle en el juicio.
El 3 de marzo de 1994, mientras Correa Belisle estaba de licencia en Chile, Omar Carrasco llegó al cuartel “Grupo de Artillería 161” del Ejército, en Zapala, para iniciar el Servicio Militar. A los tres días de haber sido reclutado se lo declaró desaparecido y desertor. El cadáver del soldado apareció el 6 de abril a 700 metros de la compañía donde ingresó. Fue durante un segundo rastrillaje, que pasó por el mismo lugar donde 15 días antes habían estado sin encontrar nada. El cuerpo de Carrasco tenía signos de haber sido torturado y las pericias determinaron que fue escondido durante varios días en un lugar húmedo y oscuro y que luego lo trasladaron al sitio donde lo descubrieron.
El 10 abril de 1994 el Ejército decidió pasar a disponibilidad a la línea de mando directa del soldado Carrasco. Esa medida alcanzó al segundo jefe del cuartel, al encargado de Batería y a Correa Belisle. Los tres mencionados estaban de licencia en el momento de la desaparición y no estuvieron en el cuartel el tiempo que Carrasco permaneció ahí hasta su desaparición. Los otros dos alcanzados por la medida se encontraban presentes y tenían responsabilidad. Uno fue el teniente With, jefe del cuartel, y el subteniente Ignacio Canevaro, condenado por abuso de autoridad en un sumario militar y luego por el homicidio, junto con los soldados Christian Suárez y Víctor Salazar.
A partir de esta medida administrativa de disponibilidad, el personal de inteligencia del ejército llevó adelante los sumarios administrativos instrumentados por el entonces jefe de inteligencia de Neuquén, el teniente coronel Jordán, el juez de instrucción militar, también teniente coronel Rául José, un Consejo de Guerra y tres auditores militares. Este tipo de tareas ya en aquella época estaban expresamente prohibidas por la ley 23.049, que dejaba bajo la órbita de la justicia militar los delitos exclusivamente militares, algo que no correspondía con el homicidio de Carrasco, que era competencia de la justicia federal.