El gobierno debe explicar el despliegue de fuerzas de seguridad en Mascardi y convocar al diálogo

Más de 300 organizaciones pedimos al gobierno que encuentre soluciones dialogadas con las comunidades mapuches. El despliegue de fuerzas de seguridad en la zona es exagerada, con funcionarios policiales que portan armas de fuego y hacen uso de drones y helicópteros.

Este 10 de octubre enviamos un pedido de información junto a cientos de organizaciones a distintas dependencias del gobierno nacional, para que explique las razones y objetivos del despliegue de fuerzas federales fuertemente armadas en la zona de Mascardi, y para que se retome de manera urgente el camino del diálogo para buscar soluciones a este y otros reclamos del pueblo mapuche. Informamos también a la jueza federal de Bariloche, Silvina Domínguez.

La zona donde se asienta la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu y sus alrededores está ocupada por un despliegue inusitado de fuerzas federales, que exceden las tareas típicas de prevención. Ayer constatamos que hay una cantidad exagerada de funcionarios policiales, que portan armas de fuego y hacen uso de drones y helicópteros.

El “comando unificado” de las cuatro fuerzas federales fue impulsado por el Ministerio de Seguridad para supuestamente “prevenir” hechos de violencia. En los hechos esa propuesta pareciera estar basada en estereotipos de identidad cultural y étnicos, ya que se dirige exclusivamente a controlar y perseguir a las comunidades mapuches.

Ese despliegue securitario estatal es incompatible con las obligaciones asumidas por el Estado de prevenir y proteger el derecho a la integridad física y psíquica de las comunidades indígenas. También es incompatible con sus obligaciones de no discriminación, que pesan sobre todas las autoridades del Estado, en particular hacia las comunidades indígenas.

El Ministerio de Seguridad debe explicar en qué consisten esas tareas de prevención, cuál es la hipótesis que justifica la presencia de tal cantidad de funcionarios fuertemente armados, a qué responden los controles vehiculares. También debe explicar si ese Ministerio ordenó tareas de rastrillaje y cuál es su objetivo.

Este despliegue nos genera una enorme preocupación porque, además, distintas personas de las comunidades mapuches de Río Negro están señalando la falta de diálogo con las autoridades federales y provinciales para buscar espacios de acuerdos sobre sus reclamos históricos.

En la nota solicitamos que se generen las condiciones para un proceso de diálogo. Que busquen alternativas a la forma de intervención violenta que se implementó en la última semana. En este sentido, solicitamos se convoque en el menor tiempo posible a una reunión con organismos de derechos humanos y con referentes de las comunidades mapuche de Río Negro.

Leé la nota completa y las adhesiones en este enlace.