La Asociación Civil Tercer Tiempo, ligada al MTE de Mar del Plata, firmó con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) un convenio de custodia provisoria de 140 hectáreas de propiedad pública en la localidad de El Marquesado, al sur de Mar del Plata. El convenio se firmó para desarrollar el Proyecto de Producción Agroecológica, destinado a la producción de alimentos frescos, y a realizar actividades educativas. La AABE cede el uso de las tierras por un tiempo determinado y con fines bien específicos. Es decir, el Estado nacional sigue siendo propietario de la tierra.
En un contexto de alta inflación y pobreza creciente, la acción del Estado nacional para fomentar la producción de alimentos es fundamental. El acceso a la tierra es el principal obstáculo que enfrentan les productores de la agricultura familiar, que son los principales productores de alimentos frescos, para producir más y mejor. La gran mayoría de elles arriendan su tierra bajo condiciones leoninas, y viven en condiciones habitacionales muy precarias. Además, les productores de alimentos frescos, generalmente asentados en las afueras de las grandes ciudades, enfrentan la presión del avance de emprendimientos inmobiliarios de lujo, como barrios cerrados. El Comité DESC de Naciones Unidas, en su reciente Observación General (OG) sobre el derecho a la tierra, afirmó que “los esquemas de distribución de tierras también deben apoyar a la agricultura familiar que, en muchos casos, usan la tierra de forma más sostenible y colaboran al desarrollo rural”.
La tierra es un bien esencial, finito y estratégico. Las tierras fiscales deben ser utilizadas para objetivos que aporten al bienestar colectivo: la producción de alimentos, la construcción de viviendas para sectores de menores recursos, de un parque público, etc. Durante la gestión del gobierno de Cambiemos, la AABE intentó subastar el predio mediante un decreto simple. Lejos de usar estratégicamente el patrimonio inmobiliario para un bien colectivo, la AABE proponía poner esas tierras a disposición del mercado inmobiliario. La justicia falló en contra de esta operación, impidiendo la venta, porque el procedimiento no se ajustaba a lo establecido en la Constitución Nacional.
Destinar tierras públicas a la producción de alimentos sanos no sólo es legal, sino que es una política indispensable para que cada vez más personas puedan acceder a una alimentación de calidad.