El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de Naciones Unidas evaluó al Estado argentino sobre el cumplimiento de sus obligaciones internacionales para garantizar la eliminación de la discriminación racial. La última evaluación fue en el año 2016. Junto con otras organizaciones, acercamos informes sobre la situación en el país.
En sus observaciones el Comité destacó la persistente discriminación y racismo estructural que enfrentan indígenas, afrodescendientes y migrantes, lo que se manifiesta en los altos índices de pobreza y exclusión social, en los abordajes represivos y en su limitada participación en los asuntos públicos. Más allá de destacar algunas medidas del Estado argentino, como la derogación del DNU 70/2017 que restableció la vigencia plena de la ley de migraciones o el reconocimiento que hizo sobre la situación de discriminación estructural. Ante estas situaciones, el CERD le reclamó a la Argentina una serie de medidas urgentes para cumplir con sus obligaciones internacionales.
El Comité de la ONU manifestó preocupación por los actos de represalias, intimidación, amenazas y de recurso desproporcionado a procesos penales contra líderes e integrantes de pueblos indígenas que defienden sus derechos, así como contra quienes abogan por los derechos de estos grupos. El Comité destacó el caso de la detención de siete mujeres mapuche y seis niños y niñas de la comunidad Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi, provincia de Río Negro, en el marco de un allanamiento y desalojo violentos. Le pidió a la Argentina adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho de reunión sin discriminación por motivos de raza, ascendencia u origen étnico y para investigar las denuncias de uso excesivo de la fuerza, represalias, intimidación y amenazas.
También le recomendó al Estado argentino tomar medidas contra la estigmatización hacia integrantes del pueblo mapuche, inclusive por parte de altos funcionarios provinciales, y los discursos que los asocian al terrorismo o que les acusan de “falsos mapuches”. Se señaló asimismo el aumento de medidas e iniciativas legislativas a nivel provincial que restringen indebidamente el derecho de reunión pacífica de las minorías, en particular de los pueblos indígenas. Un ejemplo es la resolución que aprobó la Cámara de Diputados de Mendoza en el que se afirma que “los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos”.
En sus observaciones el Comité se refirió particularmente a los limitados avances del relevamiento de tierras ancestralmente ocupadas por pueblos indígenas y reclamó asegurar que la ley 26.160, que prohíbe los desalojos de comunidades indígenas, se aplique e implemente de manera íntegra y efectiva en todo el territorio nacional y que se investigue la violencia policial cuando se producen desalojos o protestas. Reclamó también la falta de un mecanismo para la titularización de sus tierras, a pesar de la determinación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Lhaka Honhat que le exigió una ley de reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena.
El Comité refirió a la falta de información estadística detallada sobre afroargentines, afrodescendientes, indígenas y migrantes. Consideró la inclusión de la variable étnico-racial en el último censo nacional como un buen avance, destacando la importancia del autoreconocimiento. En su evaluación recomendó a la Argentina promover la recopilación sistemática de datos, incluyendo la variable étnico-racial, por parte de las instituciones públicas en todos los niveles de gobierno.
Respecto a la situación de las personas migrantes, el Comité alertó sobre la persistencia de la violencia policial sobre ese colectivo, especialmente les vendedores ambulantes senegaleses y haitianes. A su vez, recomendó revisar y modificar las normas y prácticas que establecen distinciones discriminatorias en el acceso a derechos y servicios básicos entre migrantes y nacionales. Finalmente, advirtió sobre la reciente situación de las personas que solicitaron asilo durante la pandemia de Covid-19 y el cierre de fronteras. En este contexto muchas de ellas vieron desestimadas sus solicitudes sin evaluación y corren el riesgo de ser expulsadas.
Para que el CERD pueda conocer con más profundidad la situación en la Argentina, desde el CELS, junto a Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena (AADI), Asociación de Mujeres Abogadas Indígena (AMAI), Abogadas y abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), Comisión Argentina de Refugiados y Migrantes (CAREF), Diáspora Africana de la Argentina (DIAFAR) y Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), presentamos dos informes sobre discriminación estructural y la situación de los pueblos indígenas, que se pueden descargar acá y acá.
El racismo es un fenómeno estructural y sistémico que se produce desde las instituciones hacia los individuos. El origen del racismo en la Argentina está asociado a la búsqueda de construcción de una sociedad blanca y europea como reflejo de la noción de progreso en la construcción del Estado nación. Las particularidades del racismo criollo permiten la invisibilización y habilitan la violencia estructural e institucional hacia las poblaciones no blancas, incluidas las afrodescendientes y originarias.