El gobierno de Jujuy impulsó una reforma constitucional que se hizo a las apuradas y sin permitir discusiones fundamentales. Es una reforma que recorta derechos en lugar de ampliarlos. Por esas razones, un conjunto de organizaciones enviamos una carta a la Convención Constituyente para que se abran espacios de debate plurales.
El proceso de reforma constitucional tuvo gravísimos problemas de procedimiento y de contenido. Los debates que debían extenderse durante 90 días fueron acotados a tres semanas. En todo momento se evidenció la falta de voluntad política para promover la participación de los distintos sectores de la sociedad y de generar espacios de discusión respecto de temas críticos para les habitantes de Jujuy. Los convencionales de la oposición fueron silenciados en sus reclamos, hasta el punto de que seis de ellos renunciaron ante la imposibilidad de dar debates.
Tampoco se establecieron procesos que aseguren la consulta libre, previa e informada a pueblos indígenas sobre cuestiones susceptibles de afectarlos, tal como corresponde según el Convenio Nº 169 de la OIT, un tratado internacional con jerarquía supralegal. El 31 de mayo de 2023 los representantes de siete pueblos indígenas (guaraní, okloya, tilian, omaguaca, kolla, quechua y chicha) presentaron una nota al bloque oficialista mayoritario de la convención constituyente, solicitando ser escuchados y que se apliquen los principios de consulta previa. Ni siquiera fueron recibidos.
Lo más grave es que estos obstáculos a la participación tienen como objetivo lograr aprobar lo más rápido posible un texto constitucional profundamente regresivo en relación a derechos humanos. Es la primera vez que esto ocurre en 40 años de democracia: hasta el momento, todas las reformas constitucionales, aún con sus problemas, habían dejado un saldo de ampliación de derechos. En el caso de la constitución que busca aprobar el gobierno jujeño, no sólo no amplía, sino que retrocede en relación con la constitución actualmente vigente. Desaparecen los derechos de los pueblos indígenas, se limita la protesta social hasta el punto de convertirla en una contravención grave, no se reconocen los derechos medioambientales ni la defensa de la naturaleza.
Con un grupo de organizaciones defensoras de derechos enviamos una carta a la convención constituyente expresando nuestra profunda preocupación por los procedimientos para llevar adelante la reforma. También manifestamos nuestro rechazo a los contenidos que implican un retroceso de derechos y un desconocimiento de normas de jerarquía superior, como la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Solicitamos que se cumplan los tiempos previstos para el debate y que se garantice la participación de todos los actores sociales que serán afectados si estas reformas regresivas avanzan.
Organizaciones firmantes:
ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en derechos humanos y estudios
sociales)
AADI (Asociación de Abogadas/os de Derecho Indígena)
Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas – CAJE (Colectivo de Acción por la
Justicia Ecosocial)
ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia)
Amnistía Internacional Argentina
CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales)
CEPPAS (Centro de Políticas Públicas para el Socialismo)
Consciente colectivo
ENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen)
FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales)
SERPAJ (Fundación Servicio Paz y Justicia)