Quince policías fueron citados a indagatoria por su responsabilidad en la represión y la razzia policial luego de la marcha del 8 de marzo de 2017. El pedido de Laura Belloqui, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 59, alcanza a los jefes del operativo que ordenaron las detenciones arbitrarias tanto desde la Sala de Situación como a aquellos que las impartieron desde las calles. También, a otres policías acusades de falso testimonio que sostuvieron la versión policial creada para dar una apariencia de legalidad a las detenciones. El pedido de indagatoria además se extendió a los jefes de las comisarías en donde las jóvenes detenidas recibieron tratos vejatorios y humillantes durante toda esa madrugada.
El CELS representa a Laura Arnés, Agostina Invernizzi y Natalia Milduberger, quienes fueron victimizadas en esos hechos. Junto al Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación (DGN), que representa a Silvana Lallana, a principios de 2022 pedimos la indagatoria de los efectivos Héctor Cajida, Javier Monteamores, César Darío Gambarte, Octavio César Mazzoni, Mario Andrés Camacho, Víctor Manuel Leyes, Orlando Alcibíades Quintana, Daniel Boll, Rubén Escobar, Juan José Darío Ferreyra, Daniel Horacio Camaño y Marcos Torres, y de las oficiales Mayra Micaela González, Nair Maidana y Carla Chávez.
Los hechos
El 8 de marzo de 2017, cuando la manifestación del Paro Internacional de Mujeres hacía una hora había terminado, quince mujeres, lesbianas, bisexuales y cinco varones fueron detenides de manera arbitraria, en un operativo represivo conjunto de las policías Federal y de la Ciudad.
Una vez que la movilización se había desconcentrado hubo una cacería policial. Las mujeres fueron detenidas sin motivos y con violencia física y verbal. Luego fueron trasladadas a distintas comisarías y requisadas de manera vejatoria. Las veinte personas detenidas quedaron imputadas por delitos que no cometieron, como atentado, resistencia a la autoridad y lesiones. Se les inició una causa penal con la acusación falsa de haber agredido a integrantes de las fuerzas de seguridad y provocado destrozos en la zona de la Plaza de Mayo. Con el correr de las horas se comprobó que muchas de esas personas ni siquiera estaban en las cercanías de la plaza cuando fueron detenidas. Once meses después dictaron su sobreseimiento.
Laura Arnés, Natalia Milduberger y Agostina Invernizzi estaban a dos cuadras de la Plaza de Mayo, en la vereda de una pizzería en donde terminaban de comer. Ahí fueron abordadas violentamente por varios efectivos policiales que las detuvieron sin motivo. Fueron trasladadas a la comisaría Primera de la Ciudad y luego a la alcaldía de la Comuna 4 donde fueron sometidas a malos tratos.
El dictamen fiscal
En su dictamen, respecto de los efectivos policiales que intervinieron desde la Sala de Situación, la fiscal los acusa de dar órdenes precisas a los efectivos a su cargo para despejar la zona de manifestantes, habilitando así un amplio margen de discrecionalidad. También dice que eso provocó que “arremetieran contra cualquier persona que opusiera reparos, hiciera preguntas o cuestionara la violencia y la arbitrariedad de las detenciones por parte del personal policial”. Agregó que esas órdenes, además, estuvieron dirigidas a organizar el uso desproporcionado de un camión hidrante, gases lacrimógenos y disparos de balas de goma en contra de les manifestantes.
Con relación a los jefes a cargo de la ejecución del operativo de seguridad, se los acusa de haber ordenado y autorizado a los efectivos policiales bajo su mando a “detener ilegalmente personas que estaban participando de la manifestación y que no tenían vinculación con ningún hecho delictivo ni contravencional, ni habían participado de un enfrentamiento, agresión o disputa con el personal policial”. La fiscal también detalló que estas detenciones se realizaron recurriendo al “uso desproporcionado de la fuerza y la violencia física y verbal por parte del personal policial”.
Por último, en relación a los malos tratos que recibieron las jóvenes, la fiscal los describió como “tratos crueles, inhumanos y degradantes”. Estos incluyeron la exposición a “deplorables condiciones de higiene en las celdas donde fueron alojadas, sin abrigo, manteniéndolas desinformadas acerca de las circunstancias de su detención, con deficiente atención médica” y el sometimiento a “requisas humillantes, desproporcionadas y vejatorias, que incluían la inspección física con desnudez forzosa e injustificada incluso en zonas íntimas”.
Violencia política por motivos de género contra quienes protestan
Casos como este muestran una dimensión de la violencia política por motivos de género en la violencia del Estado. En estos casos, el accionar estatal funciona como una plataforma para la amplificación de la violencia machista que disuade y disciplina a los activismos.
Desde el acontecimiento que significó el estallido de Ni Una Menos en 2015, muchas activistas feministas siguen insertas en el circuito de violencia que va desde el amedrentamiento y la represión policial hasta la persecución penal. Como contracara, los procesos judiciales iniciados para investigar a policías por su accionar ilegal en contextos de protesta son archivados o avanzan a cuentagotas.
La represión de las protestas transfeministas y la criminalización de las activistas refuerza estereotipos de género y sobre todo, baja la calidad de la democracia. Todas estas violencias hacen que, en el debate público, las voces que expresan un universo social no estén representadas, ni tampoco sus intereses.
Por eso, es imprescindible que el juez a cargo de la causa analice las presentaciones de la acusación y avance en el proceso penal contra les policías responsables de la razzia policial y la represión del 8M de 2017.
Foto: David Kurlat