A mediados de octubre de 2005, 33 personas que estaban privadas de su libertad murieron durante un incendio en el penal de Magdalena, en la provincia de Buenos Aires. Hace un año el Estado argentino reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su responsabilidad internacional por los hechos ocurridos y a raíz de eso ayer se firmó un acuerdo de solución amistosa por el cual el Estado provincial se compromete a tomar medidas específicas para mejorar la situación de las cárceles para que hechos como ese no vuelvan a ocurrir.
En la audiencia que se llevó adelante en La Plata, el CELS y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), en representación de las familias de Juan Campos, Omar Pereyra y César Magallanes, firmamos junto al Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
Entre las medidas acordadas se implementará un dispositivo interinstitucional para establecer la capacidad real del sistema penitenciario -que aloja en este momento casi el doble de la cantidad de personas para las que tiene capacidad- y el monitoreo de la sobrepoblación. También el poder ejecutivo provincial se comprometió a trabajar sobre un registro de muertes en el encierro y la construcción e implementación de un protocolo de uso de la fuerza en unidades penitenciarias.
Estas medidas buscan bajar esa sobrepoblación, limitar el encarcelamiento y regular la actuación penitenciaria para que no haya más muertes por las condiciones gravísimas de detención.
La noche del 15 de octubre de 2005 todo comenzó con una discusión entre dos presos. En una reacción desproporcionada, quince agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense ingresaron al módulo para reprimir el conflicto. Los penitenciarios realizaron, al menos, 21 disparos con munición de goma dentro del espacio cerrado. La brutalidad de la intervención armada llevó a un interno a iniciar un fuego a modo de protesta.
El pabellón estaba completamente sobrepoblado. En este contexto, el humo se propagó rápidamente. Los colchones eran de poliuretano, una sustancia altamente inflamable que despide humos de toxicidad letal. El sistema contra incendios no funcionaba.
Al comenzar el incendio los penitenciarios decidieron trabar la puerta, convirtiendo el pabellón en llamas en una trampa mortal. De las 35 personas que se encontraban dentro del pabellón al momento del incendio solo dos sobrevivieron por las tareas de rescate realizadas por otros internos de la misma Unidad.
En febrero de 2018, casi 13 años después de aquella fatídica noche, el Tribunal Oral en lo Criminal nro. 5 de La Plata condenó al director del penal de ese momento, al jefe de turno y responsable del operativo represivo, y a un agente penitenciario.
La sobrepoblación que registraba el sistema bonaerense, producto del abuso de la prisión preventiva, la inflación de las leyes penales y el uso abusivo del sistema penal como única respuesta llevaron a un colapso del sistema de encierro, que generó el escenario para que sucediera la masacre.