La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó la sentencia de primera instancia que ordenó al Estado Nacional garantizar el derecho a la alimentación de sectores sociales vulnerables. Fue a partir de la acción colectiva impulsada por el CELS y la UTEP.
Si bien había una primera condena al Estado, desde las organizaciones veníamos planteando la falta de cumplimiento de la medida cautelar que ordenaba llegar con alimentos a todos los comedores y merenderos del país. Ahora la Cámara confirma la sentencia. El Ministerio de Capital Humano tiene la obligación de garantizar la política alimentaria en los comedores. Para lograrlo, tiene que impulsar acciones concretas desde el Ministerio y en articulación con la Ciudad de Buenos Aires y las provincias. A su vez, debe rendir cuentas a través de la presentación de informes periódicos ante el Juzgado Federal.
La Cámara desestimó las críticas del Estado a las organizaciones sociales que sostienen los comedores y rechazó los cuestionamientos a la imposición de deberes de información dispuestos en la sentencia de primera instancia. Recordó que las medidas de rendición de cuentas no son una intromisión en las funciones administrativas, sino que aseguran el efectivo respeto al derecho humano básico a la alimentación.
La sentencia, en línea con el dictamen del Ministerio Público Fiscal, reconoció que el Estado no pudo explicar los incumplimientos de las medidas judiciales ordenadas, entre ellas las denuncias que llevaron a la habilitación de la feria judicial y las intimaciones bajo apercibimiento de imponer sanciones económicas en cabeza de la Ministra Sandra Pettovello, destinadas a garantizar la puesta en marcha de las políticas paralizadas. Y mucho menos pudo justificar la falta de envío de alimentos a los comedores.
A esto se suma que el martes 29 de abril el Juzgado Contencioso Administrativo 7 intimó al Ministerio de Capital de Humano a incorporar en tres días hábiles a ocho comedores de los Federación Cooperativa de Reciclado Limitada, para que reciban los alimentos correspondientes y se eviten más demoras que pongan en riesgo el derecho a la alimentación.
Los alimentos no son un bien de lujo, sino una condición indispensable para asegurar una vida digna. El gobierno en estos meses recurrió a múltiples respuestas dilatorias para eludir esa responsabilidad y demorar el cumplimiento de la medida cautelar firme. Esta conducta estatal sólo agravó la situación de las familias que contaban con esos alimentos para sostener el día a día.
En primera y en segunda instancia, el Poder Judicial estableció que el Estado tiene deberes de acción, información y cumplimiento efectivo de las obligaciones que surgen del derecho a una alimentación adecuada. Es indispensable que el gobierno finalmente cumpla con las órdenes judiciales.