Justicia realpolitik
Columna publicada en la edición de septiembre de Posdata, el boletín del CELS.
Designaciones judiciales: menos participación, menos diversidad
La modificación de los Decretos 222/03 y 588/03 para el nombramiento de jueces/zas, fiscales/as y defensores/as implica un retroceso para la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y para la igualdad de género y, por ende, también para la calidad de nuestra democracia. Lejos de tratarse de cambios meramente procedimentales, la reforma debilita los estándares sobre acceso igualitario a los cargos judiciales y reduce los espacios de escrutinio público sobre algunas de las decisiones más importantes de nuestro sistema institucional. Comunicado conjunto.
Ley de glaciares: demanda colectiva con más de 850 mil adherentes
Organizaciones ambientalistas impulsaron un amparo para denunciar la inconstitucionalidad de la reforma y exigir que se suspenda su aplicación. Nos sumamos a la acción judicial.
Designaciones judiciales bajo la lupa: alertas por idoneidad, vínculos y género
El Poder Ejecutivo envió al Senado 67 pliegos para designar magistrados y magistradas del Poder Judicial. A partir del análisis de las candidaturas, con ACIJ, INECIP, Amnistía Internacional, ELA y Poder Ciudadano identificamos problemas en los procesos de selección y en la representación de género.
Mariano Ferreyra: alegamos en el juicio por los sobornos para encubrir el crimen
Llega la etapa final del proceso para juzgar las maniobras ilícitas que vincularon a agentes de inteligencia, funcionarios judiciales y sindicalistas. En el debate pudimos reconstruir la trama para beneficiar a José Pedraza y lograr impunidad.
Causa alimentos: Capital Humano tiene que avanzar con el relevamiento de comedores
El juez Lara Correa habilitó la feria judicial y el Ministerio debe seguir en enero con la tarea para entregar alimentos a más de 30 espacios comunitarios.
Misiones: el poder judicial debe proteger el derecho a la protesta
Dos dirigentes docentes fueron condenados por participar de un acampe en reclamo de un aumento salarial en Posadas. En un contexto en el que el gobierno nacional y algunos gobiernos provinciales buscan debilitar la movilización social, el sistema de justicia tiene las herramientas y la obligación de resguardarla.
Avanza el juicio contra quienes quisieron encubrir el crimen de Mariano Ferreyra
A 15 años del homicidio del militante del Partido Obrero, los testimonios en el debate oral empiezan a confirmar la trama de poder para lograr impunidad.
Hacia un sistema de inteligencia democrático
Ante el funcionamiento ilegal e ineficaz del sistema de inteligencia argentino, especialistas, referentes políticos y sociales, y legisladores nacionales se reunieron para construir un diagnóstico, discutir posibles estrategias y promover una agenda propositiva.
Mariano Ferreyra: juicio por los sobornos para entorpecer la investigación del crimen
Más de diez años después y tras muchas dilaciones, empieza la instancia para juzgar las maniobras que vincularon a espías, jueces federales, funcionarios y dirigentes sindicales con el objetivo de lograr la impunidad de José Pedraza. Las audiencias se trasmitirán en vivo y se podrán seguir también por nuestras redes sociales.
El país de la libertad
Columna publicada en la edición de junio de Posdata, el boletín del CELS.
Pablo Grillo: a dos meses, el gendarme que disparó no fue citado a declarar
Según las pruebas acumuladas, el cabo Héctor Jesús Guerrero fue quien disparó el cartucho de gas lacrimógeno que hirió a Pablo en la cabeza. La propia Gendarmería reconoció en la causa que ese tipo de armas no debe ser disparada contra personas porque puede causar la muerte.
Causa comedores: la Cámara Federal confirmó el incumplimiento del gobierno
La sentencia ratifica que Capital Humano tiene la obligación de garantizar la política alimentaria en los espacios comunitarios y debe impulsar acciones concretas en articulación con la Ciudad de Buenos Aires y las provincias. El Juzgado Contencioso Administrativo 7 además intimó al Ministerio a incorporar ocho comedores más de la Federación Cooperativa de Reciclado Limitada.
¿Qué Poder Judicial para qué democracia?
Columna publicada en la edición de marzo de Posdata, el boletín del CELS.
Pedimos que se declare la inconstitucionalidad de las designaciones de Lijo y García-Mansilla
El decreto constituye una clara violación a la Constitución Nacional y una gravísima afrenta a la división de poderes y a la independencia judicial. Junto con ACIJ, INECIP y Poder Ciudadano presentamos una acción de amparo.
Grave retroceso para la independencia judicial y la calidad institucional en la Corte Suprema
La designación de dos jueces para el máximo tribunal mediante el decreto 137/2025 es un abuso por parte del Poder Ejecutivo. La decisión no respeta la división de poderes, compromete la legitimidad de la Corte, afecta su deber de garantizar la igualdad de género e ignora las múltiples objeciones expresadas sobre los candidatos. Comunicado conjunto de organizaciones de la sociedad civil.
La vigilancia avanza
Columna publicada en la edición de noviembre de Posdata, el boletín del CELS.
Once de las 33 personas detenidas por protestar contra le ley bases fueron sobreseídas
La jueza Servini tomó la decisión después de analizar los videos que circulaban en los que se veía con claridad que no había delito. Esas imágenes ya estaban disponibles el mismo día en que se produjeron las detenciones.
Acción legal travesti trans contra la violencia institucional
Junto con el Archivo de la Memoria Trans impulsamos un amparo para que se garantice el derecho a la seguridad social de las integrantes del colectivo travesti trans mayores de 50 años. Es en reconocimiento y reparación integral por parte del Estado ante la violencia institucional que sufrieron por décadas y que tiene consecuencias hasta el presente.
Causa comedores: el gobierno debe garantizar el acceso a los alimentos
El juez dictó sentencia en el amparo colectivo que iniciamos con la UTEP en febrero pasado. Desde diciembre, el gobierno de Milei dejó de entregar comida a los espacios comunitarios a pesar del fuerte crecimiento de la pobreza y la indigencia.
Denunciamos el operativo de las fuerzas de seguridad en la represión de la protesta contra la Ley Bases
Nos presentamos como querellantes en representación de cuatro personas, dos heridas por armas menos letales y dos que fueron detenidas arbitrariamente durante la manifestación. Es en la causa en que se investigan las denuncias contra las fuerzas de seguridad y los funcionarios del Ministerio de Seguridad que ordenaron el operativo represivo.
Por primera vez, condena firme para los responsables políticos de una represión
La Corte Suprema convalidó las sentencias contra Enrique Mathov y Rubén Santos quienes dieron la orden el 20 de diciembre de 2001. La decisión sienta un precedente único en Argentina y la región y confirma que los funcionarios políticos tienen responsabilidad penal por las consecuencias de sus órdenes de reprimir.
Contestamos la defensa del gobierno sobre el protocolo anti protesta
Tras nueve meses de represión y violencia contra manifestantes, el Ministerio de Seguridad afirmó que el derecho a la protesta se ejerce “sin ningún problema” en Argentina. Fue en la causa judicial en la que denunciamos la inconstitucionalidad del protocolo.
Tortura y malos tratos: recomendaciones institucionales para fortalecer la investigación judicial
Autor/a: CELS y Comité Nacional para la Prevención de la Tortura
23 págs.
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Bala y cárcel. Criminalización de manifestantes y restricción de libertades democráticas en Argentina
Autor/a: CELS
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Protesta por la Ley Bases: pedimos la libertad de las cinco personas que continúan detenidas
Los procesamientos y prisiones preventivas de manifestantes van en línea con la estrategia de criminalización que impulsa el Gobierno para limitar el ejercicio del derecho a la protesta. Nos presentamos como amicus curiae ante la Cámara Federal de Apelaciones.
El poder judicial no quiere intervenir en la protección de la protesta social
El 15 de diciembre del año pasado se publicó la resolución 943/2023 que establece que cualquier manifestación con cortes de calles o rutas es delito. Desde entonces presentamos diferentes acciones judiciales pidiendo que se declare su nulidad e inconstitucionalidad. Pero la discusión sobre el ejercicio del derecho a protestar se dilata: nuestras presentaciones pasaron por infinidad de manos de jueces sin que ninguno tome el caso y lo aborde seriamente.
Pedimos al Poder Judicial que declare inconstitucional el Reglamento de uso de armas de fuego de Bullrich
Presentamos un amparo en el fuero contencioso administrativo federal para impedir la aplicación de esa normativa para fuerzas de seguridad federales y el servicio penitenciario federal, que se aparta de los principios que regulan el uso de la fuerza letal reconocidos universalmente.
El problema no son los piquetes, sino el derecho a la protesta
Un análisis sobre los cambios, normativos y operativos, y las consecuencias que se vienen dando desde que el Gobierno nacional anunció el “protocolo antipiquetes”.
Se terminó la feria: el recorrido de las causas contra el DNU 70/23 en el Poder Judicial
Distintos fueros habilitaron la feria para tratar las presentaciones hechas contra el DNU, entre ellas la del CELS. En algunos casos suspendieron el tramo del decreto sobre trabajo.
