En Argentina la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho para niñas, mujeres y todas las personas con capacidad de gestar hasta las 14 semanas de un embarazo. Así lo establece desde 2020 la Ley 27.610. Sin embargo, las medidas de ajuste y reforma del Estado del gobierno de la Libertad Avanza pusieron al límite las posibilidades de acceder a un aborto legal así como a otros servicios de salud integral, incluidos los que garanizan los derechos sexuales y los derechos reproductivos, todos protegidos por la Constitución Nacional.
Según la ley, toda persona que cumpla las condiciones debería poder acceder a la interrupción voluntaria de su embarazo (IVE) en cualquier hospital público y privado del país en un plazo de 10 días. El método depende de la edad gestacional, las posibilidades del centro asistencial y el propio deseo de la persona. Entre los más habituales y seguros, está la prescripción o receta de misoprostol y la mifepristona. Pero durante todo 2024 el Estado nacional no encargó compras ni distribución de estos medicamentos y ya informó que no lo hará en 2025. Así, brindar el acceso a un aborto en la salud pública queda a critero de cada provincia según sus recursos, genera desigualdad entre quienes viven en distintas partes del país y muchas veces termina dependiendo del activismo de quienes trabajan en salud.
Esas compras deberían hacerse dentro del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsablo, como parte de la Ley 25.673. Ante su falta, en febrero presentamos una acción contra el Ministerio de Salud de la Nación para que asegure misoprostol y mifepristona a las provincias. La respuesta aún está en trámite.
Garantizar que las mujeres puedan tener autonomía sobre su cuerpo y su salud es también una obligación del Estado. Debería cumplirla a través de servicios y prestaciones que permitan acceder a asesoramiento e insumos para tomar decisiones. Hace más de 20 años que la Ley de Salud Sexual y Reproductiva definió que el Estado nacional asumiera un rol central en el acceso a métodos anticonceptivos. Pero con el monitor de La Cocina de los Cuidados diagnosticamos que también están en riesgo las políticas vinculadas a ese derecho. En 2025 la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva sufrió importantes recortes y el ajuste impactó, en particular, en el Programa Remediar que brindaba acceso y distribución directa de medicamentos en centros de salud pública en las provincias. Mientras que el Plan ENIA, que había logrado reducir en un 50% los embarazos durante la adolescencia, fue directamente eliminado. El gobierno argumentó que fue un fracaso.
Cuáles son los derechos y cómo acceder
En este sitio especial, ofrecemos información clave para que todas las mujeres y personas gestantes puedan conocer cuáles son sus derechos sexuales y reproductivos y a qué servicios de salud deberían acceder según las leyes argentinas. Es un material útil para compartir en organizaciones, escuelas y espacios barriales y para tener a mano para cuando alguien necesita ayuda, contención, asesoramiento.
Las obras sociales o prepagas tienen la obligación de garantizar el acceso a derechos sexuales y reproductivos. Para quienes no tienen, los métodos anticonceptivos y el acceso a la IVE son parte de la cobertura universal del sistema público de salud.
En este contexto de recortes, recordamos que el equipo del CELS y la Clínica Jurídica brinda asistencia legal para quienes sufren obstáculos para acceder a estos derechos. Se puede consultar directamente completando este formulario.
Foto: María Eugenia Cerruti / CELS