El Poder Ejecutivo modificó por decreto la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Federal (SPF). La reforma cambió sus funciones y objetivos: pasó de ser un órgano principalmente orientado a la custodia y resocialización de personas procesadas y condenadas, a actuar como fuerza de seguridad -tanto dentro como afuera de las cárceles- y a realizar tareas de inteligencia penitenciaria.
El Decreto 455/25 plantea que a partir de ahora el SPF debe contribuir a la “seguridad pública, la lucha contra el crimen organizado nacional, transnacional y el narcotráfico”. De esa manera, deja en un segundo plano su rol de resocialización durante el encierro, que incluía desde talleres de oficios, a estudios y otras herramientas para cuando recuperen la libertad. La ley orgánica anterior disponía que el SPF debía proteger la seguridad y custodia de las personas privadas de su libertad y preservar o mejorar su educación y su salud física y mental.
El decreto incorpora al SPF tareas de inteligencia penitenciaria, en coordinación con la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y crea una dirección específica para reunir, sistematizar y analizar toda la información penitenciaria que será entregada al sistema de Seguridad Interior. La reforma también incluye la posibilidad de integrar equipos de investigación con otras fuerzas y organizar bases de datos y sistemas de información. Y habilita al SPF a requerir a organismos públicos y entidades privadas información para investigaciones, lo que pone en riesgo la protección de datos personales.
También se modificó la reglamentación del uso de la fuerza y la portación de armas, entregándole a los agentes del servicio mayor discrecionalidad para ejercerlo. Dice que “se ajustarán a las reglamentaciones específicas”, mientras que antes el personal del SPF solo podía hacer uso de la fuerza cuando era indispensable para rechazar situaciones violentas o para prevenir fuga de presos.
Al igual que con el resto de los decretos que modificaron las leyes orgánicas de las fuerzas federales, el gobierno se ampara en las facultades delegadas en la Ley Bases. Aunque esas facultades excepcionales no le permiten hacer reformas en materia de Seguridad las realiza igual. Es un decreto que no solo reorganiza al SPF sino que deroga y sustituye leyes aprobando nuevas normas con efectos permanentes, una función destinada para el Poder Legislativo.