A casi quince años del asesinato de Mariano Ferreyra, este martes 19 de agosto comienza el juicio oral por el intento de sobornos para encubrir a uno de los responsables del crimen. El joven militante del Partido Obrero fue asesinado el 10 de octubre de 2010, cuando participaba de una protesta contra la tercerización laboral en los ferrocarriles.
En 2013, los responsables de su muerte fueron condenados junto con quienes ordenaron el ataque a los militantes políticos que aquel día se manifestaban. Desde el primer momento acompañamos a la familia de Mariano y continuamos en este juicio querellando en su representación.
Mientras se investigaba el homicidio, se descubrió una maniobra para que la causa cayera en la Sala III de la Cámara de Casación Penal. El objetivo era garantizar la no rendición de responsabilidades del dirigente de la Unión Ferroviaria, José Pedraza. El plan estuvo orquestado entre integrantes de la Unión Ferroviaria, un ex agente de inteligencia, el estudio jurídico de un ex juez federal, empleados judiciales y uno o varios jueces de la Cámara de Casación Penal. Se pagaron al menos 50 mil dólares.
Las personas que finalmente serán juzgadas desde este martes por el intento de encubrimiento son el ex secretario de la Cámara Nacional de Casación Penal, Octavio Aráoz de Lamadrid; Ángel Stafforini, contador de la Unión Ferroviaria y vicepresidente de Belgrano Cargas; Susana Planas, directiva de Belgrano Cargas; y Luis Ameghino Escobar, prosecretario administrativo de la Secretaría General de la Cámara de Casación Penal y encargado del sistema informático de asignación de jueces.
El ex agente de la SIDE Juan José Riquelme era uno de los imputados de este juicio oral, pero falleció hace unos días. Era el enlace entre todas las partes. Habría ofrecido a los dirigentes de la Unión Ferroviaria que la causa tramite en un tribunal “amigo” y que se revoque el procesamiento de Pedraza.
En cuanto al secretario general de la UF, José Pedraza, estuvo procesado durante la etapa de instrucción de la causa, pero murió en 2018, dos años antes de la elevación a juicio oral.
El juez de la Sala III, Eduardo Riggi, fue sobreseído por el juez federal Oyarbide sin siquiera haber sido citado a declarar, a pesar de que los acusados lo visitaban y lo mencionaron en repetidas conversaciones.
Los tres imputados y la imputada que llegaron a juicio oral están procesados desde 2012. Pero durante estos trece años el proceso judicial tuvo constantes dilaciones, muchas de ellas relacionadas con que los funcionarios judiciales no estaban dispuestos a investigar el tráfico de influencias y las dinámicas del poder en Comodoro Py. Decenas de jueces se excusaron. La Corte Suprema tardó tres años en dirimir un conflicto de competencia. El caso fue elevado a juicio oral en 2020, pero pasaron otros cinco años para que pudiera realizarse. Esto explica que dos de las personas que debían rendir cuentas hayan fallecido antes.
Este juicio llega en un contexto en donde las actividades ilegales de los servicios de inteligencia, en relación con los operadores judiciales, siguen en primer plano. Hasta el momento, el poder judicial no parece ejercer un control firme ni del gobierno, ni del espionaje, ni de tramas judiciales opacas. En este juicio queremos poner en primer plano los pactos que toleran y habilitan las prácticas estatales más violentas y contrarias a la vigencia de los derechos.
Requerimiento de elevación a juicio acá.
Las audiencias pueden seguirse en vivo por YouTube en La Retaguardia.