A una semana de que llegara al país un vuelo privado con 16 argentinos deportados desde Estados Unidos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y expertos de Naciones Unidas mostraron su preocupación sobre cómo los acuerdos bilaterales de deportación, expulsión y traslado de personas afectan los derechos de las y los migrantes.

Las vidas de las personas que se ven obligadas a dejar el lugar donde vivieron y se establecieron durante años se quedan en pausa y, muchas veces, se desarman los lazos vulnerando los derechos a la vida familiar y el de los niños, niñas y adolescentes que son separados de sus padres y madres.

Entre los pasajeros que llegaron a Ezeiza el miércoles 10 de septiembre, estaba Maximiliano García, que vivía en Orlando desde 2001. Maximiliano fue detenido cuando fue a regularizar su situación, luego de que su hija cumpliera la mayoría de edad. En Estados Unidos tenía un contrato de trabajo extendido y vivía también con su esposa y con un hijo con discapacidad. Como le pasó a Maximiliano, los otros argentinos deportados tienen historias de desarraigo con parte de las familias que quedaron allá.

“Estas medidas pueden restringir el derecho a la libertad que debe ser limitado sólo como último recurso. Pueden implicar condiciones de detención que no cumplen las normas internacionales incluyendo, en algunos casos, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El derecho a la vida familiar y los derechos de los niños, niñas y adolescentes también pueden verse afectados de manera negativa”, destaca el comunicado de la CIDH y los expertos de ONU. A pesar de que los Estados son soberanos para suscribir convenios internacionales y establecer políticas migratorias, todas las medidas que lleven adelante, siempre deben ser aplicadas respetando el derecho internacional.