El gobierno nacional modificó la Ley de Ministerios y trasladó al ámbito del Ministerio de Seguridad la gestión de las políticas de migración y de protección de refugiados. Con un decreto de necesidad y urgencia (793/2025) la gestión de Milei dio un paso más hacia la estigmatización y criminalización de estos colectivos al definirlos como problemas de seguridad nacional.
Hace seis meses, también con otro decreto, el gobierno modificó la Ley de Migraciones 25.871. Esos cambios, dificultaron el acceso a los trámites de ciudadanía, a la educación superior, habilita el arancelamiento en el sistema de salud y facilita las expulsiones. En aquel momento, decenas de organizaciones del colectivo migrante denunciamos en un documento la restricción de derechos que generaba el decreto apoyándose en datos falsos, prejuicios y desconocimiento.
En septiembre de 2024, el gobierno también modificó la estructura de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) tras la disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia (INADI). La decisión del Poder Ejecutivo fue cubrir el puesto que le correspondía al INADI con un miembro del Ministerio de Seguridad. Esta modificación implicó un retroceso en la protección de personas refugiadas ya que centrar el análisis de las solicitudes de asilo en temas de seguridad implica un riesgo para el principio de confidencialidad que protege a las personas refugiadas a la vez que puede afectar el principio de no devolución.
Hace dos semanas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió al Estado argentino sobre la afectación que todas estas reformas generan sobre los derechos de las personas migrantes y refugiadas. La CIDH expresó su preocupación y destacó que los argumentos del gobierno que definen a la migración como una amenaza a la seguridad “carecen de respaldo en información oficial, actualizada y basada en datos objetivos”.
Con este nuevo decreto, el gobierno desoye la advertencia del sistema interamericano de derechos humanos y consolida la tendencia de restricción de derechos para las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.