Hoy participamos del 197° Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en una audiencia sobre el impacto de las reformas en las políticas de regularización, acceso a la salud y control migratorio en la Argentina. CAREF, la Red Nacional de Migrantes y Refugiados, el MTE/UTEP y el CELS expusimos sobre las consecuencias de una serie de reformas que están desarticulando una política migratoria construida durante más de veinte años basada en el reconocimiento de la migración como un derecho humano. Desde 2024, y especialmente a partir del DNU 366/2025, el Gobierno dificultó el acceso a la residencia regular, restringió derechos, modificó las condiciones de expulsión y trasladó la gestión migratoria y de protección de refugiados a la órbita del Ministerio de Seguridad. Estas medidas fueron adoptadas sin debate en el Congreso y acompañadas por un discurso oficial que asocia la migración con la inseguridad y la criminalidad.
Uno de los principales efectos de las reformas que denunciamos ante las y los comisionados es que la regularización se volvió más difícil para quienes tienen menos recursos. El DNU 366 incorporó como requisito para acceder a la residencia permanente -y renovar la temporaria- la acreditación de medios económicos suficientes, mediante formas de prueba vinculadas fundamentalmente al trabajo registrado. Desde su entrada en vigencia, las residencias permanentes otorgadas cayeron de 24 mil a 8 mil por semestre. Al mismo tiempo, se eliminó el acceso a la residencia permanente que correspondía por tener hijos, hijas o cónyuges argentinos. El resultado es que miles de personas con trabajo, familia y años de arraigo en el país pueden ser empujadas a la irregularidad. Mientras se endurecen estas condiciones, el Gobierno habilita mecanismos extraordinarios de naturalización para quienes realizan grandes inversiones: una política migratoria cada vez más restrictiva para los sectores de menores ingresos y privilegiada para quienes tienen recursos económicos.
Las organizaciones también advertimos sobre las consecuencias que este proceso ya tiene en el acceso a la salud, al trabajo y a otros derechos básicos. El DNU 366 dejó de garantizar el acceso gratuito al sistema público nacional de salud -excepto en emergencias- para quienes no tengan residencia permanente. Pudimos registrar interrupciones de tratamientos y estudios, solicitantes de asilo que no fueron atendidos, mujeres embarazadas sin atención oportuna y niñas, niños y adolescentes con atención discontinua. La irregularidad migratoria repercute además sobre el trabajo: quienes integran la economía popular difícilmente pueden acreditar ingresos mediante un recibo de sueldo y, sin DNI, encuentran todavía más obstáculos para ingresar al trabajo registrado y ejercer otros derechos.
Este retroceso se combina con una política de control y hostigamiento sobre la población migrante. La Red Nacional de Migrantes y Refugiados denunció controles de identidad, requisas y demoras arbitrarias que afectan especialmente a personas de piel morena, con rasgos indígenas o afrodescendientes. Desde la UTEP se señaló que los llamados operativos de “control poblacional”, realizados junto con fuerzas federales y la Dirección Nacional de Migraciones, se concentran en espacios del comercio informal donde trabajan numerosos vendedores ambulantes migrantes. El miedo a perder la residencia o ser expulsado tiene además un efecto disciplinador: puede llevar a soportar abusos laborales o violencia policial por temor a denunciar. Desde las organizaciones pedimos a la CIDH que visite la Argentina, inste al Estado a revertir las reformas regresivas, requiera información sobre su evaluación previa y exija que se termine con la difusión de contenidos oficiales inexactos y estigmatizantes sobre las personas migrantes.
En la audiencia también intervino Gehad Madi, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes. Señaló que las reformas argentinas, consideradas en conjunto, generan serias preocupaciones. Cuestionó el endurecimiento del acceso al asilo, la eliminación de recursos frente a expulsiones, las restricciones a la reunificación familiar, la exigencia de solvencia económica para obtener la residencia permanente, las barreras en salud y educación y el traslado de Migraciones al Ministerio de Seguridad. “Las personas migrantes no deben ser reducidas a riesgos que deben ser gestionados”, sostuvo, “son titulares de derechos y la política migratoria debe partir de esa premisa”.
Las preguntas de la CIDH al Estado argentino
El presidente de la CIDH, Stuardo Ralón, destacó que detrás de las políticas migratorias hay familias, historias y proyectos de vida que deben ser escuchados y sostuvo que la soberanía de los Estados y la protección de los derechos humanos no deben entenderse como principios contrapuestos. Preguntó al Estado qué medidas adoptó para evitar que las reformas introducidas por el DNU 366 generen discriminación o dificultades para el ejercicio de derechos, si existen procedimientos de regularización antes de disponer una expulsión. También, qué medidas se están tomando frente a las demoras administrativas y las dificultades para obtener documentación, para evitar que las propias trabas estatales empujen a las personas a la irregularidad.
El comisionado José Luis Caballero Ochoa puso el foco en el derecho a la salud. Recordó que los estándares interamericanos establecen que la atención médica no puede negarse por la situación migratoria ni por la falta de documento de identidad y preguntó al Estado si las nuevas restricciones garantizan esos estándares. También preguntó sobre el uso de un DNU como vía para modificar la Ley de Migraciones de 2004 y sobre los mecanismos de control político y judicial de esa herramienta -en línea con las advertencias del relator Madi. Finalmente, planteó la preocupación por la estigmatización y la xenofobia y preguntó qué está haciendo el Estado para evitar la equiparación discursiva entre personas migrantes y “terroristas”.
La comisionada Gloria de Mees preguntó por las garantías una vez ejecutada una expulsión, por las circunstancias en las que las personas cuentan con asistencia legal durante esos procedimientos y por las denuncias de discriminación racial realizadas por migrantes afrodescendientes, incluido qué mecanismos tiene la Argentina para denunciar esos abusos. Preguntó qué estudios y diagnósticos realizó el Estado para justificar la necesidad y urgencia de modificar por decreto la política migratoria argentina.
Como dijo Lourdes Rivadeneyra: defender los derechos de las personas migrantes es defender una sociedad más justa, más igualitaria y más solidaria. Migrar no es un delito, trabajar no es un delito y exigir respeto tampoco lo es. Los derechos humanos no desaparecen al cruzar una frontera.