Hace tres meses y medio, después de una fuerte campaña de estigmatización y hostigamiento desde el Municipio de Tres de Febrero, un cine de películas condicionadas de la comunidad LGTBIQ+ fue clausurado en Ciudadela. Luego de ese operativo detuvieron a tres personas que todavía siguen presas, extendiéndoles la prisión preventiva sin ninguna justificación. Por esas razones decidimos presentarnos como amicus curiae y compartimos nuestros argumentos ante el tribunal de Casación, que deberá revisar la negativa en primera instancia a excarcelarlas.
La persecución contra el cine y quienes llevaban adelante las proyecciones tiene más de una década. Desde entonces, se acumularon inspecciones y clausuras, la creación de normas municipales con requisitos imposibles de cumplir, intentos de rescisión del contrato de alquiler y la presentación de proyectos para expropiar el cine.
Esa campaña se sostuvo de manera constante hasta el 5 de julio, cuando el Ministerio de Seguridad de Nación y el intendente anunciaron en redes sociales que cerraban la sala y que habían desbaratado una red de trata de personas que ahí funcionaba. Pero ninguna de esas situaciones era verdad. A pesar de eso, las tres personas no fueron liberadas.
Se trata de Gustavo y Sergio, que alquilaban el espacio, vendían las entradas y realizaban tareas de limpieza en el cine, y María Laura, la esposa de Gustavo, que no trabajaba allí. Ella fue imputada por hacer publicaciones en su red social en 2021 en apoyo al espacio. Para la fiscalía, ella “sabía lo que pasaba”. También allanaron la casa de Sergio y de su hija, que tampoco es parte de la causa.
Los operativos que llevaron a la clausura fueron a partir de una denuncia presentada por el jefe de gabinete del Municipio, en la que sostenía que vecinos de Ciudadela declararon que el lugar era financiado con la explotación sexual de personas. Esos testimonios, si existen, tampoco están en la causa.
El cine era un punto de encuentro para personas de la comunidad LGTBIQ+. Nadie explotaba a nadie. Desde comienzos de julio la sala está con el frente tapiado y en custodia del Municipio, que finalmente consiguió que el lugar esté cerrado y sin personas trans, ni lesbianas, ni gays, ni comunidad diversa que lo frecuente.
La prisión preventiva tiene que ser una excepción. Las detenciones de Gustavo, Sergio y María Laura deberían provocar escándalo.