La fiscalía general dictaminó contra el gobierno en la causa del protocolo antiprotesta
Dice que debería rechazarse la apelación del Ejecutivo y que quede firme la sentencia de primera instancia que declaraba nulo el protocolo impulsado por Bullrich. Ahora debe decidir la Cámara Contencioso Administrativo Federal.
Condenamos la detención arbitraria de personas defensoras del pueblo Mapuche Williche
La líder espiritual Millaray Huichalaf y su compañero Jaime Uribe Montiel habían llegado a Bariloche desde Chile. Sufrieron hostigamiento policial y Uribe fue detenido sin que exista una situación u orden que la justifique. Exigimos que terminen estas prácticas sistemáticas de criminalización.
El protocolo antiprotesta fue declarado nulo
En sus argumentos el juez señala que viola derechos constitucionales. Fue a partir de un amparo colectivo que impulsamos, al que se sumaron organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales, feministas, junto con personas victimizadas directamente por la represión.
Protocolo antiprotesta: el fiscal cuestionó la falta de fundamentos para dictarlo
En su dictamen, señaló que los argumentos del Ministerio de Seguridad no son suficientes dada la protección especial que tienen los derechos a la protesta, la reunión pacífica y la libertad de expresión. Lo hizo en la causa colectiva que iniciamos hace casi dos años y en la que planteamos la inconstitucionalidad del protocolo.
La política migratoria y de protección de refugiados pasa al Ministerio de Seguridad
Esta decisión se suma a otras políticas que provocaron la estigmatización y la criminalización de personas migrantes, tratándolos como un problema de seguridad.
Cárceles: un fallo a favor de la educación y la inclusión
La Cámara de Casación anuló las restricciones horarias impuestas por el Servicio Penitenciario Federal y el Ministerio de Seguridad a las personas detenidas que estudian en los Centros Universitarios. Restituye el derecho a la educación en contextos de encierro y afirma que no puede subordinarse a la lógica de la seguridad penitenciaria.
El crimen de Thiago: lo que sucede cuando desde el Estado se alienta la violencia policial
El homicidio del nene de 7 años se suma a una lista que muestra la falta de preparación de las fuerzas de seguridad y las consecuencias de los discursos violentos de responsables políticos.
Pedimos a Bullrich que explique de qué manera realizará vigilancia masiva a la ciudadanía
Hicimos un pedido de información a la ministra de Seguridad de la Nación sobre el funcionamiento de su nueva Unidad, que realizará ciberpatrullaje y aplicación de inteligencia artificial en redes sociales y sitios de internet. La presentación la firmamos junto a Amnistía Argentina, el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA), Democracia en Red, Access Now, Fundación Vía Libre y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED).
Protocolo de uso de armas de Bullrich: resistencia judicial a prevenir el aumento de la violencia policial
La justicia penal rechazó el amparo que presentó el CELS contra el reglamento de uso de armas de fuego para fuerzas federales, impulsado por el Ministerio de Seguridad. El protocolo amplía la discrecionalidad para disparar con la sola sospecha de que alguien comete un delito y debilita el sistema de rendición de cuentas por esos actos.
Solicitamos la urgente conformación de la Comisión Bicameral de Control del Sistema de Inteligencia
Desde hace cuatro meses, cuando cambió la conformación de las Cámaras en el Congreso, no funciona la comisión que debe supervisar los organismos y actividades de inteligencia. Junto con los integrantes de Iniciativa Ciudadana de Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) llamamos a las autoridades parlamentarias, a diputados y senadores a que impulsen los medios necesarios para lograrlo.
Con un nuevo protocolo, Patricia Bullrich quiere impedir la protesta social
Las medidas anunciadas por la ministra de Seguridad buscan criminalizar a quienes se manifiesten y perseguir a la organización social y política. De esta manera, cualquier protesta pública que corte calles o rutas deja de ser un derecho para convertirse en un delito.
Es necesario poner fin al acuerdo de cooperación entre las policías de Argentina y Colombia
En el contexto de la violenta represión contra las protestas públicas en Colombia, organismos de derechos humanos manifestamos nuestra preocupación por la vigencia de un convenio entre fuerzas de seguridad de ambos países.
Sobre el “Servicio Cívico Voluntario en Valores”
El gobierno decidió poner a las fuerzas de seguridad a cargo de una política con supuestos fines educativos.
