El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de Rosario absolvió por mayoría a los imputados civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, por sus responsabilidades en los secuestros, las torturas y asesinatos de militantes sindicales de la UOM –la mayoría empleados de Acindar– y de los abogados que los representaban. El fallo, del que se conocerán los fundamentos el 6 de febrero de 2026, consagra la falta de rendición de cuentas y demuestra la dificultad para juzgar el rol de civiles en el plan de exterminio de militantes políticos y sindicales.
El voto mayoritario del fallo lleva la firma de Ricardo Moisés Vásquez y Otmar Paulucci para quienes no se consideró probada la responsabilidad de los 17 imputados en los secuestros, torturas y asesinatos por los que fueron acusados. Además no hicieron lugar al pedido de reparación simbólica de las víctimas en relación a la conservación de los centros clandestinos de detención como el Albergue de solteros de Acindar y las delegaciones de la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval Argentina en Rosario.
Por su parte, el presidente del tribunal, Germán Sutter Scheneider, en su voto en disidencia consideró que el ex directivo de Acindar Roberto Pellegrini tendría que ser condenado a 6 años de prisión por ser partícipe necesario en el delito de privación ilegítima de la libertad de Roberto Justo Martínez, mientras que al ex policía Roberto Álvarez le corresponderían 8 años por la aplicación de tormentos sobre ocho de las víctimas.
Los hechos juzgados
En Villa Constitución, el pico de la represión sobre el movimiento obrero organizado se desarrolló entre marzo y junio de 1975 y se extendió hasta la dictadura que tomó el poder en marzo de 1976.
Pellegrini era jefe de División Personal de Acindar, y Ricardo Oscar Torralvo también cumplía funciones ejecutivas. Ambos estaban acusados de entregar información de los trabajadores a las fuerzas represivas para la concreción del plan criminal. Además, estaban acusados 15 exmiembros de la Policía Federal y un expolicía de la provincia de Santa Fe. Los militares que fueron investigados no recibieron condena porque fallecieron antes.
Esta es una de las causas judiciales por delitos de lesa humanidad que pone en relieve la participación de las empresas en la represión ilegal de la dictadura con la intención de disciplinar la fuerza de trabajo. Puntualmente, en este caso se trata sobre todo de trabajadores, militantes sindicales, de la lista Marrón de la Unión Obrera Metalúrgica de la seccional Villa Constitución, que habían ganado las elecciones gremiales poco tiempo antes y que habían participado en las huelgas que paralizaron el corredor industrial del sur santafesino y que pasaron a la historia como “El Villazo”.
La participación de la empresa Acindar en la represión tiene características que se repitieron incluso en otros operativos similares a lo largo del país, como lo ocurrido en Jujuy en la llamada Noche del Apagón, donde la empresa Ledesma aportó la logística y la información para secuestrar a quienes se organizaron para reclamar mejoras en las condiciones de trabajo.
A fines de 1975, Acindar les había ordenado a sus operarios que realizaran el trámite para sacar la cédula de identidad de la Policía Federal y que se tomaran fotografías para renovar el carnet de fábrica. Esas fotos terminaron en manos de los militares y fueron usadas para identificar a los trabajadores durante los operativos de secuestros y allanamientos. Además, la empresa puso a disposición de las fuerzas represivas medios de transporte y sus instalaciones: en su planta funcionaba un destacamento policial y en el Albergue de solteros de la fábrica funcionó un centro clandestino de detención. A este lugar fueron conducidos algunos de los secuestrados y fueron torturados allí mismo, como declararon quienes sobrevivieron.
Acindar tenía como presidente del directorio a José Alfredo Martínez de Hoz. Fue la empresa que más se benefició del proceso de concentración de la actividad siderúrgica durante la última dictadura militar cuando “Joe” fue ministro de Economía.