Nos presentamos como amicus curiae ante la Cámara Federal de Casación Penal para aportar argumentos legales sobre el intento de reapertura de la causa por el atentado que se produjo el 2 de julio de 1976. El fallo de diciembre de 2024 de la Sala I, integrada por los jueces Bertuzzi, Bruglia y Llorens, que ahora Casación debe resolver, no tiene sustento constitucional ni convencional. Es una sentencia arbitraria, que desconoce garantías básicas del proceso penal y aplica de manera incorrecta categorías del derecho internacional de los derechos humanos para justificar la reactivación de una causa que lleva casi dos décadas y que ya cuenta con sobreseimientos firmes.
En primer lugar, señalamos que la Cámara de Apelaciones sostuvo que el hecho debía considerarse como una “grave violación a los derechos humanos”, pero es una calificación que en un hecho como este no tiene sustento en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta categoría, en el derecho internacional, se reserva para hechos como desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales o tratos inhumanos cometidos por agentes u órganos estatales. No puede extenderse de forma arbitraria a hechos cometidos por particulares sin el apoyo o amparo estatal, ni basarse en criterios como la gravedad del daño o su repercusión social, como hizo la Cámara.
El Sistema Interamericano ha sido claro desde hace décadas: las graves violaciones de derechos humanos son crímenes de Estado. En 1979 la CIDH, en su informe luego de la visita a la Argentina, explicó expresamente que no tiene competencia para investigar actos violentos atribuidos a particulares y que su mandato es la supervisión de violaciones estatales. Ampliar esa categoría para justificar la imprescriptibilidad del hecho implica forzar el derecho internacional y desconocer los estándares que rigen el uso excepcional de esa figura.
Tampoco resulta aplicable la comparación con casos como AMIA o Embajada de Israel. En el caso AMIA, la Corte Interamericana analizó la obligación estatal de investigar porque el Poder Judicial argentino había calificado internamente el atentado como delito de lesa humanidad. Esa calificación no existe en este caso, y por lo tanto no puede trasladarse la doctrina sobre imprescriptibilidad ni las consecuencias jurídicas asociadas a los crímenes internacionales.
Por otra parte, el hecho ocurrido en 1976 tampoco puede considerarse un delito de lesa humanidad, un crimen de guerra ni un acto de terrorismo imprescriptible. Los propios tribunales federales ya habían descartado esas calificaciones en decisiones firmes de 2007, 2011 y 2014. No existió un ataque generalizado o sistemático contra población civil por parte de las organizaciones armadas, sí por la dictadura; no hubo un conflicto armado interno ni una definición internacional consolidada de terrorismo aplicable al momento de los hechos. La reapertura del caso desconoce este recorrido judicial y pretende volver sobre cuestiones ya resueltas.
Es necesario destacar, una vez más, que la falta de una investigación inicial al momento del hecho no fue para procurar impunidad, sino que obedece al contexto represivo ilegal de la dictadura militar, que optó por secuestrar, torturar y desaparecer a quienes fueron señalados como responsables del hecho, en lugar de detenerlos y enjuiciarlos.
Esta denuncia se presentó por primera vez en 2003 bajo una suerte de teoría de empate, después de la reapertura de las investigaciones judiciales por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura a partir de la declaración de nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida. En los hechos, la sentencia de la Sala I –dictada a partir de una nueva denuncia presentada en 2021– pretende reabrir de manera irregular un trámite procesal cerrado dos veces: en 2012 y 2014. Para hacerlo, los jueces echaron mano de forma arbitraria a una categoría del derecho internacional de los derechos humanos. Es importante que la actual revisión de la sentencia por parte de la Cámara de Casación no convalide esa estrategia y reafirme los principios y garantías vigentes.

