América Latina es testigo, en el último tiempo, de un despliegue público de violencia pocas veces visto. Es notorio, entre otras cosas, en el accionar militar directo de Estados Unidos en el mar Caribe y el océano Pacífico, en el enorme operativo en dos favelas de Río de Janeiro y en el tratamiento inhumano de personas deportadas al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador. En este contexto, desde el CELS junto con WOLA, Conectas y Dejusticia, reunimos a un grupo de especialista para reflexionar sobre la militarización en las Américas y el papel de esta agenda en la geopolítica continental.
El especialista en relaciones internacionales Juan Gabriel Tokatlian destacó que la prioridad actual de la política exterior de Estados Unidos es revertir la expansión de China en la región y, para ello, América Latina es clave. Por eso, la estrategia de seguridad nacional del país del norte prioriza a la región con un componente de mano dura y coerción. Según el especialista, la seguridad interna de Estados Unidos está atada a la seguridad continental y por ello ven que es necesario un despliegue selectivo de acciones específicas sobre América Latina para recuperar la influencia que tuvieron durante la guerra fría sobre los militares de la región.
Además, Tokatlian reflexionó acerca de la fragmentación diplomática que atraviesa nuestra región en la actualidad, considera la peor de los últimos 50 años. A pesar de que los problemas en América Latina son los mismos que en Estados Unidos, no hay una agenda común con actores sociales movilizados. Finalmente, llamó la atención sobre la falta de reacción de los Estados de la región por los ataques militares en el Caribe y el silencio de organismos como la OEA.
Por su parte, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia, hizo una caracterización del despliegue militar para tareas de seguridad interna en varios países de la región y advirtió que estamos ante un fenómeno de empoderamiento militar que puede tener consecuencias en nuestras democracias. Uno de los mayores problemas que observan es la falta de regulación y delimitación de las tareas asignadas a las fuerzas militares, ya que su intervención se determina por decretos presidenciales o resoluciones administrativas. Además, destacó que la Corte IDH dijo que si hay participación militar en tareas de seguridad debe ser subordinada, regulada y con mecanismos de rendición de cuentas de modo que se pueda sancionar el exceso el uso de la fuerza. Sin embargo, expresó su preocupación sobre la posibilidad de encontrar alternativas a la intervención militar en un contexto donde la agenda de seguridad se ha instrumentalizado para la negociación de la agenda económica y la presión política de Estados Unidos sobre el resto de la región que impide la consolidación de voces críticas a este fenómeno.
Manuel Tufró, director del Área de Justicia y Seguridad del CELS, analizó la utilización del concepto de terrorismo para justificar la expansión de las intervenciones militares y la declaración de estados de excepción que habilitan a los Estados a suspender garantías procesales y aumentar la opacidad de las operaciones de seguridad. Al naturalizarse esto, se empieza a expandir este abordaje para nombrar otras cosas como el crimen organizado, pero también la disidencia política, dando lugar a un achicamiento del espacio cívico. De este modo los gobiernos van “a la búsqueda de un problema” para encuadrarlo como terrorismo. Esta tendencia se observa también en el abordaje de la migración desde una perspectiva securitaria y criminalizadora que termina retroalimentando los elementos de securitización y los elementos de criminalidad. Esto porque al cerrarse las vías de migración regular se abre la puerta a la creación de más mercados ilegales donde las víctimas son las propias personas migrantes.
Glaucia Marinho, directora de la organización brasileña Justicia Global, abordó el impacto diferenciado de las políticas de militarización en las poblaciones en situación de vulnerabilidad, en particular los jóvenes negros que habitan las favelas en Río de Janeiro. Destacó que las operaciones militares en las favelas, que se despliegan con el pretexto de combatir al narcotráfico, han profundizado las desigualdades sociales y raciales históricas, a la vez que debilitan los derechos humanos y las políticas públicas. En este sentido, Marinho enfatizó no sólo en el daño psicológico que produce una vida de constante exposición a la violencia, sino también las dificultades para llevar adelante procesos de rendición de cuentas, ya que muchas veces las mismas fuerzas son las que deben investigar los hechos de violencia. Respecto del operativo llevado adelante el 30 de octubre, con 122 víctimas fatales, mencionó que aún no se realizaron pericias sobre los procedimientos, por lo que probablemente no existan procesos de acceso a la justicia y reparación para las familias afectadas.
Maureen Meyer, vicepresidenta de WOLA y moderadora de la conversación, reflexionó acerca de la importancia de sostener estos debates para seguir problematizando este fenómeno. También destacó el importante rol que tienen los distintos poderes del Estado para ejercer “contrapesos” a las decisiones del Poder Ejecutivo.
El intercambio mostró que, si bien existen problemas de seguridad en la región, los países continúan optando por abordajes de “mano dura” que acrecientan la violencia. Es claro además que el despliegue de estas políticas está siendo agravado por las prácticas impulsadas desde Estados Unidos, regresando a enfoques intervencionistas en lo militar, en lo político y en lo económico. La necesidad de consolidar una estrategia regional que cuestione este modelo se vuelve cada vez más acuciante.