El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) evaluó a la Argentina y expresó su preocupación por una serie de retrocesos institucionales, normativos y presupuestarios que afectan la garantía de los derechos de mujeres y niñas en el país.
El Comité CEDAW supervisa que los Estados cumplan sus obligaciones internacionales a las que se comprometieron al firmar la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El 9 y 10 de febrero se realizó el diálogo del comité con la sociedad civil y el Estado argentino. Ahora, en base a esos intercambios y los informes enviados por todas las partes emitió sus observaciones finales.
El Comité reconoció avances legislativos previos -como la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (27.610), la Ley Micaela (27.499), la Ley de Paridad (27.412) y la Ley de Cupo Laboral Travesti-Trans (27.636)- y señaló con preocupación que desde 2024 se comenzaron a debilitar las políticas públicas orientadas a la igualdad de género.
Entre las políticas en situación crítica, destacó:
-El desmantelamiento institucional que implicó la disolución del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, tanto por la fragmentación de sus funciones como por la pérdida de políticas, junto con fuertes recortes presupuestarios para políticas de género, contra la violencia machista y la salud sexual y reproductiva.
-El debilitamiento del acceso a la justicia a partir del cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), la reducción de asistencia jurídica y la adopción de reformas migratorias que restringen garantías procesales y afectan especialmente a mujeres migrantes.
-Los retrocesos en la prevención y atención de la violencia de género, que se verifica en la reducción presupuestaria y operativa del Programa Acompañar y de la Línea 144, en la suspensión de sistemas integrados de datos, la ausencia de un Plan Nacional integral contra la violencia y la débil implementación de la Ley Olimpia sobre violencia digital.
-Los obstáculos en salud sexual y reproductiva, a partir de la persistencia de barreras para el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo por falta de insumos, personal capacitado y regulación adecuada de la objeción de conciencia. A eso se suma el debilitamiento de la Educación Sexual Integral (ESI) y del Plan ENIA, con recortes presupuestarios, desarticulación de equipos territoriales y reducción de formación docente.
-Las reformas laborales regresivas -agregó-, sin considerar evaluaciones de impacto de género, pueden profundizar la precarización y afectar de manera desproporcionada a las mujeres. También el Comité alertó sobre la falta de un marco nacional de cuidados integral, lo que debilita las políticas sobre el tema y aumenta la carga desproporcionada del trabajo de cuidado no remunerado. Este escenario tiene efectos en la situación desigual de las mujeres en el mercado laboral.
-En la Argentina hay un entorno hostil para las defensoras de derechos humanos, con discursos estigmatizantes y criminalización, en particular sobre las cuidadoras comunitarias. Como respuesta a eso, el Comité exigió al Estado que adopte una legislación integral para la protección de las defensoras de los derechos humanos que incorpore evaluaciones de riesgo.
-El Comité alertó también sobre el aumento del encarcelamiento por el abuso de la prisión preventiva y pidió medidas alternativas, como el arresto domiciliario o la vigilancia electrónica. También llamó la atención sobre las denuncias por malos tratos en los centros de detención.
La falta de políticas tiene un impacto diferenciado en las mujeres indígenas, migrantes y con discapacidad, agravado por reformas normativas y recortes. Para modificar este panorama, el Comité recomendó:
-Tener un mecanismo institucional de alto nivel para trabajar políticas igualitarias de género, con recursos suficientes y federal.
-Garantizar la implementación de la Ley Micaela y reforzar la formación obligatoria en género en el Poder Judicial.
-Adoptar un Plan Nacional integral contra la violencia de género, con financiamiento adecuado, metas medibles y mecanismos de rendición de cuentas.
-Restablecer y fortalecer el Programa Acompañar (sin que sea exigible una denuncia), la Línea 144 y los sistemas de datos públicos sobre violencia.
-Fortalecer los servicios de atención de la salud materno-infantil en todo el Estado y restablecer y financiar el Plan ENIA.
-Asegurar el acceso efectivo y federal al aborto legal y seguro, con disponibilidad de misoprostol y mifepristona.
-Revisar las reformas laborales y migratorias para garantizar su compatibilidad con la Convención y evitar retrocesos en derechos.
-Reforzar la protección de defensoras de derechos humanos y combatir los discursos estigmatizantes.
Hoy, mujeres cis y trans, adolescentes y niñas están abandonadas a su suerte. Más allá de cumplir con las obligaciones internacionales de protección, el Estado tiene una obligación hacia las mujeres concretas que viven hoy en el país.