El “Escudo de las Américas”, que el presidente de Estados Unidos Donald Trump presentó el 7 de marzo junto a doce mandatarios de América Latina, formalizó en una cumbre el resurgimiento de dos políticas de seguridad que ya mostraron sus consecuencias en el pasado reciente y que ahora confluyen de manera riesgosa para la paz de la región: “la guerra contra las drogas” y el “combate contra el terrorismo”. Estos enfoques, que venían siendo utilizados para justificar medidas excepcionales, actualmente se unifican en la categoría de “narcoterrorismo” con la que se busca habilitar la militarización de las políticas contra el crimen organizado y convertirla en una estrategia para todo el hemisferio. Esa reconfiguración nos presenta desafíos urgentes: registrar, investigar y comprender su despliegue para ponerla en discusión.
En ese camino avanzamos con intervenciones en distintas instancias de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que se realizaron en marzo de 2026.
En la 69° sesión de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas que se realizó en Viena hicimos una declaración conjunta con ocho organizaciones para alertar sobre las consecuencias de que las políticas contra el crimen organizado adopten una perspectiva “antiterrorista” y eso luego se expanda a otras intervenciones, como sucede en la Argentina con la persecución a la protesta.
También expresamos esta preocupación en el 61° período del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que se reunió en Ginebra. Allí participamos del diálogo interactivo con Ben Saul, relator Especial sobre la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales en la lucha contra el terrorismo. El relator presentó su informe acerca de la definición internacional de terrorismo en el que aportó elementos para la distinción entre esa categoría y la de crimen organizado según marco normativo aplicable en cada caso. Desde el CELS expusimos la situación de Argentina y relatamos cómo la narrativa antiterrorista ha sido utilizada por el gobierno de Milei para perseguir la disidencia política y criminalizar a quienes se manifiestan.
A su vez, en una audiencia solicitada por doce organizaciones de la región, llevamos el mismo planteo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Junto a INREDH, ACLU y CRISTOSAL expusimos acerca de las distintas formas en que los gobiernos de la región utilizan la lógica antiterrorista para aplicarla en fenómenos distintos, como el combate al crimen organizado o la represión de las disidencias políticas. De esa instancia también participó el relator Especial sobre terrorismo de Naciones Unidas, Ben Saul, quien fue contundente en su crítica a la expansión de las normativas y políticas de excepción asociadas a la criminalidad organizada. Concretamente, llamó la atención sobre el uso del marco antiterrorista para restringir derechos y expandir los estados de excepción fuera de los estándares internacionales. Además, llamó a los Estados a evitar el abuso de poder y la aplicación discrecional de las herramientas propias del antiterrorismo.
Los comisionados de la CIDH, por su parte, mostraron interés en las situaciones presentadas y expresaron su preocupación por los riesgos del uso de esa narrativa para criminalizar a grupos en situación de vulnerabilidad. La comisionada Pochak alertó en particular sobre la confusión deliberada que hacen los gobiernos entre terrorismo y crimen organizado para ampliar sus estrategias represivas.
Crimen organizado y castigo extremo sobre mujeres
También en la CND69 en Viena y en la 70° Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70) realizada en Nueva York organizamos eventos para compartir los primeros hallazgos de una investigación regional realizada con el apoyo de ONU Mujeres sobre las políticas de castigo por delitos vinculados al crimen organizado y su impacto diferencial en las mujeres y en sus familias. Por ejemplo, detectamos cómo en Argentina se impulsaron regímenes carcelarios de excepción que limitan derechos, como el aislamiento extremo, las restricciones en las visitas y la negación de acceso a la salud.