Presentamos una acción de amparo colectivo frente a la decisión del Ministerio de Capital Humano de dar de baja el programa “Volver al Trabajo”. Lo hicimos peticionantes individuales que integran Barrios de Pie y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), junto con la Asociación Civil La Ciega y el CELS. La medida del ministerio a cargo de Sandra Pettovello implica la interrupción abrupta de un ingreso para alimentos destinado a trabajadores y trabajadoras de la economía popular, en su mayoría en situación de vulnerabilidad, y sin la implementación de una política alternativa que garantice condiciones similares de protección.
El cierre del programa fue comunicado oficialmente el 7 de abril de 2026, bajo el argumento de “reorientar los recursos del Estado”, y se concretó mediante la eliminación total de la prestación económica que percibían sus destinatarios y destinatarias. En su lugar, el gobierno propuso un esquema de formación laboral basado en vouchers para cursos, sin garantizar ingresos mínimos durante ese proceso. Esta sustitución no solo es insuficiente, sino que desconoce el carácter estructural de la precariedad que atraviesan quienes formaban parte del programa.
Ante el cierre del programa, organizaciones sociales presentaron en el Juzgado Federal de Campana un pedido de medida cautelar. El juez dictaminó que el Estado debía sostener el salario social complementario. La respuesta del Gobierno fue apelar la decisión, pero debió liquidar los fondos para la continuación del programa.
El aporte jurídico presentado en nuestra acción de amparo es claro: El cese de la percepción del salario social complementario dispuesto en el Programa Volver al Trabajo y su reemplazo, por el Programa Formar Capital Humano, que otorgaba voucher de formación laboral, resulta vulneratorio de derechos fundamentales como el derecho al trabajo, a la alimentación, al cuidado, a la salud, siendo un accionar estatal opuesto al principio de progresividad y no regresividad en materia de derechos humanos al que el Estado está obligado en función de la ratificación de los tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional.
La baja del “Volver al trabajo” es una medida arbitraria. No tuvo instancias de evaluación pública, ni pasó por mecanismos de transición que tengan en cuenta la situación de las personas que dependían de ese ingreso para su subsistencia más inmediata. El Ministerio tampoco dio prueba de que los objetivos de inserción laboral del programa hayan sido alcanzados, como para justificar un cierre. Muy por el contrario, la decisión se implementó sin información clara sobre el impacto real de las capacitaciones ni sobre las posibilidades efectivas de acceso al empleo formal por parte de las personas que participaban del programa.
El universo afectado es masivo: cerca de 900.000 personas en todo el país quedaron sin esta prestación. Muchas de ellas son trabajadoras comunitarias que sostienen comedores, merenderos, espacios de cuidado en sus barrios, cooperativas y emprendimientos productivos de manera colectiva. Se trata, en su mayoría, de mujeres, jefas de hogar, que combinan tareas de cuidado en sus hogares con trabajo sociocomunitario esencial para la reproducción de la vida en contextos de pobreza. La eliminación del programa no solo impacta en sus ingresos, sino también en el entramado comunitario que garantizaba alimentación y contención a miles de familias.
La presentación que realizamos se sustenta sobre casos testigo de mujeres que con el ingreso del Volver al Trabajo podían prever la cobertura de algunos gastos básicos de subsistencia como la carga de la garrafa, el pago del transporte para llevar a sus hijas/os al hospital, entre otras necesidades. Además, pedimos la actualización del salario del programa, que lleva dos años sin aumentos.
Los derechos comprometidos son múltiples y de carácter fundamental. La quita de esa suma afecta directamente el derecho a la alimentación, al trabajo, a la salud, al cuidado, a la vivienda y a un nivel de vida adecuado. Se trata de derechos ampliamente reconocidos, cuya protección exige al Estado adoptar medidas que avancen en su cumplimiento, no que impliquen regresiones. La decisión de eliminar el programa sin una alternativa es un retroceso, algo prohibido en nuestro marco jurídico. Desde la Cocina de los Cuidados venimos denunciando la situación y destacando que son las cuidadoras comunitarias quienes estan garantizando la sostenibilidad de la vida.
En un contexto de crisis económica y aumento de la desigualdad, medidas de este tipo profundizan la vulnerabilidad de quienes ya se encuentran en condiciones precarias. Lejos de promover la inclusión laboral, la estrategia del Ministerio con el cierre del programa debilita los mecanismos de subsistencia y cuidado comunitario, como es la organización en el territorio y las redes que articula, desprotege a sectores postergados y consolida una imagen de mayor exclusión. La acción de amparo presentada busca frenar ese avance contra los derechos de 900.000 personas y restituir condiciones mínimas de dignidad, vitales para el sostenimiento de la vida cotidiana en las comunidades.
Firman: La cocina de los cuidados, Colectivo de Abogadxs Populares La Ciega, Barrios de Pie, FOL, CELS.