El 5 de febrero de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por violar los derechos a las comunidades indígenas integrantes de la Asociación Lhaka Honhat, en el norte de Salta. En su fallo dijo que los pueblos Wichí (Mataco), Iyjwaja (Chorote), Komlek (Toba), Niwackle (Chulupí) y Tapy’y (Tapiete) tienen derecho a su propiedad ancestral en los ex lotes fiscales 55 y 14 y a un título único para las 400 mil hectáreas que habitan las casi 200 comunidades indígenas. La sentencia reconoció su derecho a la propiedad comunitaria, a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, al acceso a la alimentación y al agua. La Corte dispuso un plazo para el cumplimiento de la sentencia. Seis años que se vencen el próximo 20 de mayo.
En todos estos años, hubo algunos avances en la delimitación del territorio indígena, aunque esta medida no ha sido concluida. Además, no se implementó ningún mecanismo para el traslado y relocalización fuera del territorio comunitario del ganado de familias criollas o para sacar alambrados que impiden el desplazamiento de las comunidades. Tampoco se han adoptado medidas para asegurar el acceso al agua y alimentación tradicional.
Al mismo tiempo, las condiciones normativas en Argentina para mejorar la seguridad jurídica de las comunidades sobre los territorios que ocupan y reclaman han empeorado desde la sentencia, ya que se derogó la ley 26.160 que prohibía los desalojos de los territorios indígenas. Y sigue sin existir en Argentina una política que respete y garantice los derechos de los pueblos indígenas.
A un mes del vencimiento de la implementación del fallo, referentes de Lhaka Honhat, el CELS, la investigadora Silvina Ramírez, del CEPPAS, y el Estado argentino se reunieron este 16 de abril en una audiencia privada ante la Corte IDH. Allí se planteó que existe un incumplimiento del fallo, y las medidas urgentes que el Estado debe implementar para mejorar las condiciones de vida de las comunidades. El Estado, por su parte, discutió sobre lo que aún resta para que se dé cumplimiento a la sentencia y se comprometió a convocar a una mesa de trabajo entre las partes para delinear las medidas que faltan.
Hasta 2023, se habían concretado algunos avances de parte del Estado. Pero con la llegada al gobierno de Javier Milei, en diciembre de ese año, se detuvo, la Nación pasó a tener un rol pasivo y la provincia quedó a cargo de continuar algunos trabajos de demarcación y delimitación a los que se había comprometido para cumplir la sentencia. Recién en septiembre de 2025, el gobierno nacional firmó un convenio con la Provincia de Salta para el desarrollo de acciones en el territorio comunitario. La Corte IDH tomó nota de toda la información aportada y solicitamos que establezca un mecanismo de supervisión de las medidas necesarias para cumplir con la sentencia.