ESMA IX: pedimos condena para “Chispa” Sánchez

Alegamos en el juicio oral que tiene como único imputado a un ex oficial de Prefectura que estuvo quince años prófugo y en 2020 fue extraditado desde Brasil. Se lo juzga por 199 desapariciones forzadas cometidas en los años 1976, 1977 y 1978.

El noveno tramo por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA llega a su etapa final. En la audiencia de hoy, desde el CELS alegamos como parte de la querella unificada con el abogado Pablo Llonto que representa a familiares de víctimas y a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Pedimos al Tribunal Oral Federal 5 que condene a 25 años de prisión a Gonzalo Sánchez, alias Chispa u Omar, un ex oficial de Prefectura Naval que integró el Grupo de Tareas 3.3.2. 

Sánchez es el único imputado en esta causa. Fue identificado por sobrevivientes en los primeros años de democracia, pero estuvo prófugo durante quince años y recién fue procesado en 2020, luego de que Brasil otorgara su extradición. Solicitamos que se lo condene por 179 desapariciones forzadas cometidas desde fines de diciembre de 1976  hasta diciembre de 1978. Por las limitaciones que impuso el Superior Tribunal Federal de Brasil al conceder la extradición, no está siendo juzgado por torturas ni homicidios. 

Durante el año 1977, “Chispa” Sánchez prestaba servicios en el Servicio de inteligencia de la Prefectura Naval Argentina, fuerza de seguridad que dependía operacionalmente de la Armada Argentina. De acuerdo a las pruebas de la causa, actuaba como enlace entre ambas fuerzas. 

El testimonio de decenas de sobrevivientes identificaron a Sánchez como uno de los que intervenía en los operativos de secuestro. Además estaba presente durante la aplicación de torturas. Los testimonios lo ubican en diferentes lugares del centro clandestino de detención como el sótano, “capucha”, “el dorado” y “la pecera”. También señalan que tuvo a su cargo el traslado de personas secuestradas a lugares fuera de la ESMA como quintas y domicilios particulares, y  que comentaba sobre las diferentes formas de exterminio, incluso la que luego se conoció como los vuelos de la muerte.

El juicio oral comenzó en octubre pasado y el CELS interviene en su carácter de querellante institucional en una querella unificada con el abogado Pablo Llonto que representa a familiares de víctimas y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.