El Acuerdo sobre Inversiones y Comercio Recíproco (AICR), en lo que respecta a la transferencia internacional de datos personales, implica un retroceso grave en la protección del derecho a la privacidad y a la autonomía informativa en la Argentina. Bajo la apariencia de facilitar el comercio y la cooperación, el acuerdo habilita la exportación de datos personales hacia Estados Unidos sobre la base de una presunción de “protección adecuada”, que no se sostiene ni en términos jurídicos ni fácticos. Esta decisión no es neutra: redefine el estatuto de los datos personales, que dejan de ser una dimensión de los derechos fundamentales para convertirse en activos transferibles en el marco de relaciones económicas y de seguridad.
Desde el punto de vista técnico, el acuerdo contradice la Ley 25.326 y los estándares desarrollados por la propia autoridad de aplicación, que sostiene que Estados Unidos no constituye una jurisdicción adecuada para la transferencia de datos. A diferencia del modelo argentino, que reconoce un derecho amplio de control sobre la información personal, Estados Unidos carece de una regulación federal integral y presenta un esquema fragmentado, con protecciones desiguales según el Estado y con mecanismos de control cuestionados. Esta asimetría se agrava en el plano judicial: mientras en Argentina el derecho a la protección de datos habilita reclamos por la mera infracción normativa, la jurisprudencia estadounidense exige la prueba de un daño concreto, lo que limita significativamente el acceso a la justicia y debilita la tutela efectiva de los titulares de datos.
El AICR también entra en tensión con principios constitucionales y convencionales. La Corte Suprema argentina, en el caso “Torres Abad”, reafirmó que toda persona tiene el derecho a decidir sobre el uso y destino de sus datos personales, lo que incluye controlar su circulación y exigir el respeto de la finalidad para la cual fueron recolectados. Este estándar se complementa con el desarrollo del derecho a la autodeterminación informativa en el sistema interamericano, que impone condiciones estrictas para cualquier cesión o tratamiento de datos. Al habilitar transferencias sin garantías equivalentes y potencialmente sustraer los conflictos de la jurisdicción local, el acuerdo desdibuja estas protecciones y vulnera los artículos 19 y 43 de la Constitución Nacional.
La preocupación se intensifica cuando vamos al terreno de la vigilancia. El acuerdo debe leerse en conjunto con la ampliación de facultades de inteligencia a nivel local y con el marco legal estadounidense, que permite el acceso estatal a datos recolectados por empresas privadas con fines de seguridad nacional. La experiencia comparada, especialmente en Europa, ha sido clara en rechazar estos esquemas por considerar que no ofrecen garantías suficientes frente a la vigilancia masiva. En este contexto, la transferencia de datos desde Argentina podría exponer a la población a mecanismos de control por parte de un Estado extranjero sin los resguardos exigidos por el derecho internacional de los derechos humanos.
Por todo esto, el AICR no sólo resulta jurídicamente incompatible con el marco normativo vigente, sino que además configura una decisión política de alto riesgo. En un escenario de creciente expansión de las capacidades de vigilancia y de debilitamiento de los controles democráticos, avanzar en este tipo de acuerdos implica ceder soberanía sobre la información personal de la población y erosionar garantías básicas. El Congreso debe asegurar que cualquier política pública sobre datos proteja efectivamente los derechos de las personas.
Foto: Gala Abramovich | CELS
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