La Relatoría Especial de la CIDH sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) aprobó una nueva resolución sobre políticas fiscales y derechos humanos que establece un principio central: no existe política fiscal neutra. Sostiene que “las decisiones relacionadas con los ingresos públicos, el presupuesto, el gasto, el endeudamiento y la sostenibilidad fiscal pueden incidir en el goce y ejercicio de los derechos humanos”. Esto significa que tienen efectos directos sobre la vida de las personas.
La Resolución plantea que los Estados tienen que establecer límites claros a las políticas de ajuste: las medidas fiscales que impliquen retrocesos en los presupuestos para garantizar derechos deben ser excepcionales, sujetas a condiciones estrictas y “debidamente justificadas”. Bajo ninguna circunstancia pueden afectar los “niveles mínimos esenciales” del acceso a derechos sociales como la alimentación y la salud. Deben sostener, por ejemplo, las estructuras básicas para el funcionamiento de hospitales o la entrega de alimentos en comedores comunitarios. Según los lineamientos, además, los Estados deben demostrar que la implementación de medidas de ajuste es la única alternativa, que no existen formas menos perjudiciales y que ya se hizo todo esfuerzo para lograr mayor recaudación por otras vías o modificar presupuestos destinados a otros asuntos que no afecten derechos.
En ese sentido, la Resolución subraya que los Estados tienen la obligación de utilizar el máximo de los recursos presupuestarios disponibles y asignarlos de manera equitativa, con prioridad en los sectores más vulnerados. Esto implica revisar las estructuras tributarias que son regresivas, reducir las exenciones y beneficios fiscales injustificados, combatir la evasión fiscal y la corrupción, con el fin de fortalecer la capacidad estatal para garantizar derechos. Para todo eso, remarca que el presupuesto público es una herramienta estratégica para lograr acciones estatales concretas.
En la Argentina actual, los datos muestran cómo la política fiscal no cumple con esos lineamientos y las medidas de ajuste impactan directamente sobre derechos esenciales. En materia de salud, por ejemplo el 30 de marzo el gobierno anunció una transformación en el Programa Remediar, una política sanitaria de alcance nacional implementada desde 2002 y encargada de distribuir medicamentos esenciales en el primer nivel de atención de salud. En este caso, la modificación implica una reducción significativa de los medicamentos que integraban el vademécum: superaban los 70 y fueron acotadas solamente a 3 presentaciones farmacológicas. Esta medida, que en nuestro país además es ilegal e inconstitucional, es parte de un proceso continuado de desfinanciamiento y recortes en el programa, ocurridos entre 2024 y 2025, que ya perjudicaron a 17 millones de personas.
La CIDH es clara: las políticas fiscales deben orientarse a garantizar derechos, reducir desigualdades y fortalecer la igualdad. Cuando se recortan recursos en áreas esenciales, mientras se sostienen privilegios o se reducen impuestos a sectores concentrados, no se trata de una decisión técnica: es una definición política sobre quiénes pagan el costo del ajuste. Las discusiones sobre el presupuesto y estas políticas son a todas luces sobre el tipo de sociedad que se construye: sobre esto el poder Legislativo y el Judicial también tienen un rol decisivo.