El relator especial sobre vivienda de la ONU, Koldo Casla, envió una comunicación formal al Estado argentino sobre el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que se está tratando en el Senado. “Me preocupa que el proyecto de ley no logre un equilibrio justo entre la protección de la propiedad privada y el derecho a una vivienda adecuada”, expresó el Relator y agregó que la letra actual de proyecto no contempla la “función social de la propiedad” y que prevé cambios legales que podrían violar tratados internacionales ratificados por el Estado argentino.
Son tres los puntos en los que Casla reparó para advertir al Ejecutivo y al parlamento sobre estos retrocesos: 1) la aceleración de los procedimientos de desalojo sin una solución de vivienda alternativa para las personas afectadas; 2) la proteccióin potencialmente desproporcionada de los propietarios a expensas del interés general de la sociedad en el caso de expropiaciones públicas y 3) el desprecio de la función social de la propiedad como instrumento para avanzar en la realización progresiva del derecho a una vivienda adecuada.
“Bajo ninguna circunstancia se debe dejar sin hogar a una persona amenazada con un desalojo ni privarla del acceso a recursos efectivos para verificar que dicho desalojo se ajuste a la legislación nacional y a los tratados internacionales de los que Argentina es parte”, dice el escrito y agrega: “A la hora de evaluar la indemnización por expropiaciones públicas, cuando la expropiación tenga por objeto satisfacer derechos sociales como el derecho a una vivienda adecuada, deben tenerse en cuenta factores distintos del valor teórico de mercado. Esto puede incluir el uso actual de la propiedad, el historial de adquisición y uso de la misma, y el alcance de las inversiones y subvenciones directas del Estado en el pasado que mejoraron la capitalización del bien”.
Le pidió al Estado argentino, entre otras cosas, que amplíe la información sobre cómo impactaría la ley sobre grupos vulnerables y qué medidas se están tomando para acompañar a las personas y familias que son desalojadas por problemas económicos. El Relator concluyó: “La regulación de la propiedad debe tener en cuenta su función social y los intereses generales de todos los miembros de la sociedad, tanto de quienes poseen bienes inmuebles como de quienes carecen de ellos”.