Como organizaciones nacionales de derechos humanos que trabajamos en todas las regiones del mundo, nos alarma la campaña anunciada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos llamando a “desmantelar” la Corte Penal Internacional (CPI) “ladrillo a ladrillo”. Esta campaña incluye una escalada de sanciones “contra la CPI y las organizaciones afiliadas”, la revocación de visas y prohibiciones de viaje contra el personal de la CPI y las organizaciones afiliadas, así como una presión diplomática coordinada sobre otros Estados para que se retiren del Estatuto de Roma y dejen de apoyar a la Corte.

La CPI es una institución judicial independiente e imparcial creada en virtud del Estatuto de Roma en el año 2002 para investigar crímenes atroces: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. Estos son los únicos crímenes que se encuentran bajo su jurisdicción. La CPI puede investigar y enjuiciar a un ciudadano de un Estado que no sea parte si éste comete delitos comprendidos en su mandato en el territorio de un Estado parte de la CPI. Como tribunal de última instancia, refuerza —en lugar de reemplazar— la responsabilidad primaria de los Estados de investigar y enjuiciar estos delitos. Es una piedra angular del Estado de derecho a nivel internacional, el cual —por más imperfecto que sea— es esencial para la paz, la justicia y la rendición de cuentas. No es la primera vez que la CPI enfrenta este tipo de presión, pero la magnitud y la claridad de esta campaña representan una escalada peligrosa que podría ir mucho más allá de cualquier caso o situación particular: constituye un intento de intimidar a un órgano judicial independiente hasta su desaparición y de castigar a los Estados, las organizaciones y las personas que cooperan con él.

Si no es respondido, sentará un precedente más allá de la propia CPI: que cualquier país con suficiente poder puede amenazar a las instituciones y a las personas responsables de hacer cumplir el derecho internacional. La CPI se creó para garantizar la rendición de cuentas por crímenes atroces, de acuerdo con el principio de que dichos crímenes no deben quedar impunes y de que nadie —independientemente de su rango, nacionalidad o del Estado que lo respalde— debe estar fuera del alcance de la justicia por los crímenes más graves conocidos por la humanidad.

La Corte no es perfecta. Ha enfrentado críticas legítimas sobre la lentitud, la selectividad y el alcance de sus investigaciones, y no ha podido garantizar justicia y rendición de cuentas para todas las víctimas de crímenes atroces en todo el mundo. Pero también ha logrado condenas reales y ha abierto la puerta a la justicia para víctimas que no la tenían. Se erige como la única institución judicial permanente en el mundo con el mandato de exigir rendición de cuentas cuando los sistemas nacionales fallan o se niegan a actuar.

Rechazamos el argumento de que cualquier Estado pueda quedar exento de escrutinio debido a su poder o a su papel en los acuerdos de seguridad global. La fortaleza de los sistemas internacionales de derechos humanos y justicia depende precisamente de su universalidad —del principio de que se aplican a todos por igual, o a nadie.

Ante estos ataques, las organizaciones miembro de INCLO se solidarizan con la Corte Penal Internacional y defienden la integridad y la independencia del Estado de derecho a nivel internacional, que es fundamental para garantizar la universalidad de los derechos humanos.

Hacemos un llamado a todos los Estados —y en particular a los Estados Partes del Estatuto de Roma— para que defiendan de manera pública y concreta la independencia de la Corte, resistan las presiones para retirar su apoyo o cooperación con ella, y protejan de represalias a los funcionarios, al personal y a quienes cooperan con la labor de la CPI. En ese sentido, instamos a los Estados a:

– Expresar públicamente su apoyo a la CPI y al estado de derecho internacional, y rechazar los últimos ataques anunciados por Estados Unidos.

– Tomar medidas diplomáticas coordinadas para defender a la CPI en ámbitos bilaterales, regionales y multilaterales.

– Adoptar medidas para proteger a las personas y organizaciones afectadas por las sanciones de Estados Unidos, entre otras cosas, activando Estatuto de Bloqueo de la UE y facilitando alternativas bancarias y financieras concretas para las personas e instituciones designadas.

– Asegurarse de que las organizaciones de la sociedad civil y los expertos independientes, y no solo la Corte y sus funcionarios, sean incluidos en cualquier respuesta coordinada a las sanciones.

– Utilizar canales públicos y privados para presionar al sistema de Naciones Unidas, incluyendo el Secretario General y la Asamblea General, a fin de que defiendan la CPI.

– Asegurarse de que los nuevos jueces elegidos para la CPI en diciembre de 2026 sean de la más alta integridad moral para garantizar la imparcialidad de la Corte y defender el estado de derecho.

Firmado por:

American Civil Liberties Union (ACLU, USA)
Canadian Civil Liberties Association (CCLA, Canadá)
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, Argentina)
Dejusticia (Colombia)
Human Rights Law Centre (HRLC, Australia)
Hungarian Civil Liberties Union (HCLU, Hungría)
Irish Council for Civil Liberties (ICCL, Irlanda)
Kenya Human Rights Commission (KHRC, Kenya)
KontraS (Commission for the Disappeared and Victims of Violence, Indonesia)
Legal Resources Centre (LRC, South Africa)