Cuando el gobierno de la Ciudad se encuentra con una decisión judicial contraria a sus posiciones políticas ataca a los jueces y las juezas que las llevan adelante. Es un accionar repetido que se inicia con descalificaciones públicas, denuncias en la justicia hasta que logran apartar del proceso a quienes no se subordinan a la política para cumplir el rol de control judicial. Esa metodología quedó expuesta nuevamente luego de que la jueza Laura De Marinis resolvió no perseguir penalmente a un adolescente de 14 años. En su lugar, dispuso medidas de acompañamiento y protección.
El 21 de septiembre, la jueza De Marinis declaró la inconstitucionalidad del artículo 1 del Régimen Penal Juvenil, el que reduce la edad de punibilidad de 16 a 14 años y sobreseyó a un adolescente acusado de tentativa de robo. El delito no se había consumado. Apenas se conoció su fallo, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, publicó un mensaje en el que acusó a la jueza de defender delincuentes y adelantó que iba a pedir el juicio político. Cinco días después, la Sala III de la Cámara de Casación y Apelaciones de la Ciudad revocó el fallo dictado por De Marinis. Esa sala integrada por Ignacio Mahiques, Jorge Franza y Patricia Larocca dispuso apartar a la jueza y seguir investigando a la menor. Además, el ministro de Justicia porteño denunció a De Marinis ante el Consejo de la Magistratura.
También en junio de 2026 el juez Contencioso Administrativo Roberto Gallardo recibió ataques de Jorge Macri cuando suspendió los desalojos en la Ciudad. El gobierno porteño apeló el fallo y acusó a Gallardo en redes sociales de ir en contra de la propiedad privada.
Algo similar ocurrió con la jueza Karina Andrade, luego de que en marzo de 2025 liberara a 114 detenidos en una marcha de jubilados frente al Congreso. La jueza señaló la falta de información que había en los expedientes, donde no se aclaraban los lugares de detención ni los motivos. Macri la acusó de promover la liberación de presos y dijo que iban a perseguir a las personas liberadas. Esa vez, desde el gobierno nacional se sumaron a la campaña y amenazaron con llevar a juicio político a Andrade.
Otro caso es el de la jueza Natalia Ohman quien, en junio de 2024, anuló 126 procedimientos policiales irregulares, con detenciones y requisas sin orden judicial por “merodeo”, “actitud sospechosa” o “estado de nerviosismo” contra cartoneros y personas en situación de calle. En muchos procedimientos, los policías no dejaron consignados los lugares ni los motivos para detener a esas personas. La decisión de Ohman se enfrenta con los discursos marketineros de “orden y limpieza” del espacio público que intenta imponer el gobierno porteño. Por esa razón, altos funcionarios, entre ellos, Macri y el ex ministro de Seguridad Waldo Wolff, atacaron la sentencia de la jueza. Luego, la Cámara en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Capital Federal revocó el fallo de Ohman.
Todas estas acciones muestran cómo el Ejecutivo porteño busca condicionar al Poder Judicial. En lugar de respetar la independencia de poderes cuestiona su legitimidad, restringe su capacidad de intervención y de esa manera busca tener mayor control de sus decisiones.