El 10 de septiembre comienza en La Plata el juicio oral al exjefe de personal de Molinos Río de la Plata, Emilio Jorge Parodi, acusado de ser partícipe necesario de los secuestros de Francisco Fernández, Roberto José Ribolta Bonino y Santos Ojeda. Los tres eran trabajadores y militantes gremiales de la planta Avellaneda de la empresa agroalimentaria y fueron secuestrados en la puerta de la fábrica el 7 de julio de 1976. Continúan desaparecidos.
Si bien la represión de trabajadores de la empresa Molinos dejó, al menos, 27 obreros, obreras y delegados desaparecidxs y asesinadxs, en este juicio se analizará la responsabilidad del entonces jefe de personal en el secuestro de tres de ellos, ocurridos entre las 5 y las 8 de la mañana de aquel 7 de julio, cuando entraban o salían de sus turnos. En todos los casos, quienes realizaron los secuestros tuvieron a disposición el sector de ingreso a la planta, donde identificaron a los trabajadores, los capturaron y los trasladaron con rumbo desconocido.
El primero fue Santos Ojeda. Tenía 24 años, era operario de la sección Expedición y delegado de base de su sector. Lo secuestraron a las 5 de la mañana, cuando salía de la fábrica. Los testimonios indican que se lo llevaron en un auto hombres armados, vestidos de civil, que se identificaron como integrantes de Coordinación Federal. En su denuncia ante la CONADEP, la tía de Santos, Gregoria Figueredo de Segovia, relató que supo por un compañero de trabajo que esos hombres se presentaron ante el jefe de Personal de la planta y le pidieron que identificara a Ojeda. Sigue desaparecido.
Francisco Fernández fue el siguiente. Trabajaba en la sección mecánica desde noviembre de 1973 y era militante gremial por la lista “17 de Octubre”, la más activa en las luchas por salarios y condiciones laborales. Según el testimonio de distintos trabajadores, el 7 de julio de 1976 minutos antes de las 6 de la mañana, Fernández caminó desde un bar cercano hasta el acceso a la planta para comenzar su jornada laboral. Pero al llegar al vestíbulo donde cada operario marcaba tarjeta, la suya no estaba. “Por ese motivo lo llamaron desde la guardia del personal de seguridad (de la empresa), donde lo estaban esperando las personas que lo secuestraron”, relató Marcelo Arnoldo Flamenco en la causa. Fernández continúa desaparecido.
Roberto José Rivolta Bonino fue el último. Era trabajador de Administración y militante gremial. A las 8 de la mañana llegó a la fábrica para empezar su turno. Lo secuestraron en el ingreso a la planta. También permanece desaparecido.
¿Por qué está acusado el exjefe de personal de Molinos?
El único imputado por los secuestros del 7 de julio es Emilio Parodi, procesado y con prisión preventiva desde julio de 2023. Según su testimonio, se desempeñó como jefe de Personal de la planta Avellaneda de Molinos de 1974 a 1979, luego ascendió a jefe de Relaciones Laborales y a gerente de Relaciones Industriales, hasta 1991. En la elevación a juicio, el juez Ernesto Kreplax señaló que los secuestros de Ojeda, Fernández y Rivolta Bonino “no se podrían haber ejecutado sin la colaboración del imputado, quien facilitó la consumación de las detenciones de las víctimas poniendo a disposición de los captores las instalaciones de la fábrica”.
“Resulta evidente la puesta a disposición del vestíbulo de ingreso a la planta fabril y de la oficina del personal de seguridad. Tales circunstancias posibilitaron la identificación concreta de la víctima -dentro de un considerable flujo de trabajadores que ingresaban y salían-, su captura y retención por parte de las fuerzas represivas, y finalmente su traslado fuera del ámbito laboral (…) El imputado intervino en esos sucesos no sólo por el mero conocimiento de ellos sino por su contribución a producirlos”.
La empresa Molinos Río de la Plata fue fundada en 1902 por el grupo económico Bunge y Born. Durante la década de 1970 y, sobre todo, a partir del golpe de Estado, se convirtió en una de las empresas más grandes del país. Tras despidos, retiros y desapariciones, aumentó sus ganancias exponencialmente: “Pasó de soportar pérdidas al cierre del ejercicio 74/75, a obtener ganancias en los dos períodos siguientes. Los resultados se incrementaron en un 358%”, señala un informe de la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero de la Procuraduría General que es parte de la causa. La investigación también indica que, sin representación gremial, la empresa redujo de 4540 a 3851 su planta de trabajadores y de un 14 a un 8 por ciento el dinero que destinaba a salarios. Los trabajadores más activos en las luchas gremiales fueron perseguidos y muchos de ellos hoy están desaparecidos.
El juicio comienza 13 años después de la denuncia de Analía Fernández, Ernesto Ceferino Mataboni y Roxana Freitas, hijas e hijo de tres obreros de Molinos desaparecidos. Allí se abrió la investigación judicial por la desaparición de 23 trabajadores y ex trabajadores de la empresa que, finalmente, llega a esta instancia oral en un primer tramo con un imputado y tres casos.
Las audiencias tendrán modalidad híbrida y estarán a cargo del Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Pablo Ezequiel Wilk, Maria Noel Costa y Nelson Javier Jarazo. Pueden seguirse por el canal de YouTube de La Retaguardia.
Es el primer juicio sobre responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad que se realiza en La Plata y además del CELS, son querellantes Pablo Llonto -en representación de Analía Fernández-, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera (SOEIA Capital y Gran Buenos Aires).