Desde el Cels junto a Memoria Abierta y Abuelas de Plaza de Mayo apelamos la sentencia del juez Walter Lara Correa para que le exija a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) que entregue la información desclasificada sobre el período 1976 – 1983. Esto surge luego de que dictara una sentencia en la que avala el incumplimiento de la SIDE a un pedido de acceso a la información pública y desclasificación que presentamos en mayo de 2025. Si bien el fallo reconoce la pertinencia del reclamo, no le ordenó a la SIDE la entrega de la documentación.
Durante años se dijo que la SIDE no tenía en su poder información vinculada a lo ocurrido durante la última dictadura militar, sin embargo, en 2020, la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) creó el programa de protección de registro y archivo, que relevó información entre el 13 de junio de 1946 y el 9 de diciembre de 1985.
A partir de ese relevamiento, se encontraron cerca de 250 mil fichas de la Comisión de Antecedentes con datos de personas y organizaciones. También se digitalizaron legajos del personal de la SIDE y sumarios de aquella época que sirvieron, por ejemplo, para conocer parte del funcionamiento de la estructura represiva vinculada a Automotores Orletti y la base Bacacay. Sin embargo, nunca se puso a disposición la totalidad de la información para el acceso público.
Con el gobierno de Milei, las políticas contrarias al proceso de memoria, verdad y justicia y la reforma por DNU de la ley de inteligencia nacional, el acceso se volvió aún más dificultoso porque la SIDE sostiene que para permitir la entrega de la documentación producida hace 50 años debe analizar si pone en juego de algún modo la seguridad nacional o al propio sistema de inteligencia.
Las resistencias se están dando también ante solicitudes judiciales. En el juicio oral por los crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención Automotores Orletti y Base Pomar, la SIDE respondió a la solicitud judicial de información con documentos con tachas, lo que no permite a las partes acceder a la información completa que consta allí. Este tipo de respuesta implica un retroceso evidente respecto de la forma en que el PEN aportó información de la dictadura durante estas décadas en los juicios por el terrorismo de Estado y controvierte las decisiones que sostuvieron que la información sobre el funcionamiento del aparato represivo de la dictudura no puede ser en ningún caso secreta.
En el pedido de acceso y el posterior amparo judicial, solicitamos en primer lugar, acceder a la documentación producida y reunida por la SIDE –ya sea en el marco de sus tareas específicas de inteligencia o en su faz administrativa– en el período señalado, que se encontraba en el edificio central así como en otras oficinas y dependencias de la SIDE. En segundo lugar, pedimos acceder a todas las herramientas archivísticas producidas en el proceso de ordenamiento, clasificación y digitalización del acervo en cuestión, tales como censos de documentación, inventarios, descripciones, cuadros de clasificación e informes que han sido confeccionados durante la intervención de la actual SIDE entre 2019 y 2023. Y, en tercer lugar, en función de los anuncios públicos por parte del propio Presidente sobre desclasificación de archivos en poder de la SIDE y la transferencia de archivos en su poder al AGN, solicitamos precisiones sobre esta decisión, incluyendo cuál es su marco administrativo y plan de ejecución.
La SIDE, primero, no contestó en los tiempos adecuados. Cuando fue intimada administrativamente para hacerlo, dio respuestas vagas y entregó poco de la información solicitada, de manera aislada y hasta contradictoria, sin abordar en particular cada uno de los puntos solicitados.
Por esto, presentamos una acción de amparo que derivó en la sentencia del juez Lara Correa. Ahora, presentamos la apelación que tratará la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para que se complete lo solicitado y el Poder Judicial ordene a la SIDE la entrega de esta documentación clave para el proceso de memoria, verdad y justicia.
Foto: CELS
