El 4 de agosto de 2006, Julio Simón, ex integrante de la Policía Federal Argentina, fue condenado por la privación ilegal de la libertad y las torturas de José Poblete y Gertrudis Hlaczik y el secuestro de Claudia, la hija de ambos. Simón había actuado en el centro clandestino El Olimpo, en la ciudad de Buenos Aires, y fue el primer condenado desde “la reapertura” de los juicios. Un mes después, el 19 de septiembre de 2006, en la ciudad de La Plata fue condenado Miguel Etchecolatz, exdirector de investigaciones de la Policía Bonaerense. El día anterior, Jorge Julio López, sobreviviente de la dictadura y testigo en ese juicio, desapareció por segunda vez.
El “caso Poblete” había conducido a la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final: lo inició Abuelas de Plaza de Mayo en 1998; se sumó el CELS en 2000; en 2001 esas leyes fueron declaradas contrarias a la Constitución en primera instancia y la Corte Suprema confirmó el fallo en junio de 2005.
La previa
En 1985 fueron condenados una parte de los comandantes de las juntas militares. Pero pronto los juicios se interrumpieron por la ley de punto final (1986), la de obediencia debida (1987) y los indultos (1989-90) que dejaron sin efecto aquellas primeras condenas. Las décadas de impunidad, entre aquellas leyes y los primeros años dos mil, no fueron de quietud y pasividad. En las calles, amplios sectores exigían juicio y castigo, y crearon formas de repudio social como el escrache. El activismo jurídico fue una de las formas de lucha. Distintas personas, organizaciones y grupos, entre ellos el CELS, ideamos caminos para quebrar la impunidad. En Argentina se realizaron juicios por la verdad y en otros países hubo investigación y condenas a militares argentinos involucrados en la represión. La coordinación entre el litigio nacional y el sistema interamericano de derechos humanos fue uno de esos senderos transitados para poner a prueba herramientas. Entre 2001 y 2006, una sucesión de resultados de ese vasto trabajo social reabrió el juzgamiento. En 2003 el Congreso declaró nulas las leyes de impunidad. En ese período, también, habían sido juzgados y condenados una decena de civiles e integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad por la apropiación de niños y niñas.
Los juicios
El plan sistemático de desaparición y exterminio fue probado en el Juicio a las Juntas en 1985. Los testimonios en ese debate oral, la sentencia y el informe Nunca más de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas son la primera reconstrucción oficial de los hechos. Su consistencia permitió discutir la impunidad, así como nos permite hoy responder al negacionismo y los intentos de distorsión de lo ocurrido en nuestro país.
La reapertura de los juicios implicó reconstruir la estructura represiva y juzgar las responsabilidades por la aplicación concreta de ese plan en todo el territorio nacional. La tarea fue vastísima: cientos de centros clandestinos, miles de víctimas secuestradas, torturadas, asesinadas y/ o desaparecidas de manera clandestina. Casi cuatro mil presuntos integrantes del aparato represivo fueron investigados; alrededor de 1200, condenados.
Los límites
No todos los que implementaron el plan sistemático fueron alcanzados por el proceso de justicia. Por un lado, la clandestinidad de los crímenes no siempre pudo ser revertida. Por ejemplo, a pesar de que miles de personas fueron víctimas de los vuelos de la muerte, solo dos pilotos fueron identificados, juzgados y condenados. En simultáneo, determinados núcleos de poder represivo fueron, y siguen siendo, más difíciles de esclarecer. Así, las responsabilidades del sistema de inteligencia y sectores de las fuerzas de seguridad, como la Policía Federal Argentina, lograron permanecer en la opacidad. Los equipos de investigación, compuestos por expertos en archivos militares y de derechos humanos, permitieron en algunos casos sortear el ocultamiento de lo actuado. A partir de 2015 comenzaron a ser debilitados, hasta que fueron directamente destruidos.
La complicidad, participación y/o responsabilidad de los actores económicos fue ampliamente visibilizada por una estrategia de investigación histórica, llevada adelante por distintos actores, que sólo en poquísimos casos pudo traducirse en enjuiciamiento.
No todas las víctimas del terrorismo de Estado ni todas las familias que perdieron a uno o a muchos de sus integrantes vieron sus historias contenidas en el proceso de justicia. Esto puede tener distintas causas. La organización de los juicios priorizó casos que permitían abarcar las estructuras represivas de mayor tamaño; también, las jurisdicciones en las que era más posible avanzar sin que las investigaciones se estancaran. Otros obstáculos para contemplar todos los hechos surgen, nuevamente, de la clandestinidad de los delitos cometidos. Los procesos judiciales parten de la identificación de víctimas individuales. Sobre muchas personas secuestradas y desaparecidas no pudo establecerse cuál fue el circuito represivo al que fueron sometidas, porque no fueron vistas por otras personas que hayan sobrevivido. El destino de cada una de ellas permanece inaccesible.
Otros límites emergen de las condiciones y el funcionamiento de las instituciones: se podría haber investigado más rápido, con más recursos, con más archivos abiertos. No todos los problemas fueron meramente operativos: dentro del poder judicial hubo actores que pusieron barreras, o que hicieron lo mínimo. La participación judicial en el circuito represivo y desaparecedor quedó, en general, fuera de su propio escrutinio.
Ahora
Hicimos justicia. Argentina juzgó los crímenes del terrorismo de Estado construyendo, en ese camino, verdad jurídica. Algunos de los límites de ese proceso son propios de la herramienta penal en sí misma. Otros, de las resistencias que enfrentamos. Otros, de los efectos persistentes del poder desaparecedor.
El proceso de justicia también fue productivo para que aquel pasado siga siendo parte de nuestra construcción política presente. Alimenta las memorias y las convicciones antiautoritarias. El volumen de información precisa, llena de detalles, construida en veinte años de juicios es gigantesco. Todavía es necesario elaborarlo, sistematizarlo, hacerlo más accesible.
El destino final de la mayor parte de las personas desaparecidas permanece oculto. Y el poder judicial tiene ahora una nueva oportunidad de hacer un aporte sustancial. Que digan dónde están.
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