El 23 de octubre, el presidente Javier Milei dio un discurso en la Fundación FARO en el que celebró su sobreseimiento en la causa judicial por el caso Libra y volvió a atacar al periodismo. En particular, señaló “a los periodistas ensobrados, corruptos, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones como Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodriguez, Natalia Volosin, Luis Novaresio y todos los demás que utilizaron este tema que me expliquen quién se hace cargo ahora de toda la basura que difundieron (…) los vamos a combatir con mayor audacia (…) acá a los buenos les tiene que ir bien; los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”.
Luego de estas expresiones, desde el CELS junto con Amnistía Internacional Argentina, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) volvimos a presentarnos ante las Relatorías de libertad de expresión de la CIDH y de Naciones Unidas para solicitarles que adopten medidas urgentes para salvaguardar los derechos a la libertad de prensa y de expresión en Argentina.
En el informe señalamos que el mensaje del presidente ubica a un grupo de periodistas en una zona de riesgo frente a ataques y agresiones de todo tipo. Y que no se trata de un hecho aislado: se suma a un patrón sostenido de estigmatización contra la prensa desde la más alta investidura del Estado.
Según los estándares interamericanos, las autoridades tienen un deber reforzado de cuidar sus declaraciones sobre la prensa, para no aumentar el riesgo que enfrentan los periodistas ni crear un clima de intimidación. Los insultos, descalificaciones y advertencias del presidente en respuesta a una investigación periodística, configuran un mensaje disuasorio, ya que promueve la autocensura, desalienta la investigación de asuntos de interés público y debilita el control ciudadano sobre el ejercicio del poder.
Estos ataques se inscriben en un contexto de deterioro sostenido de las condiciones para ejercer el periodismo en Argentina que incluyen el uso de herramientas judiciales contra periodistas críticos y el agravamiento de las condiciones para el trabajo de prensa durante las protestas sociales. Solo en la última manifestación del 15 de octubre en las inmediaciones del Congreso, al menos 50 trabajadores de prensa resultaron heridos, ocho de ellos con impactos de balas de goma en el torso del cuerpo y a corta distancia.
Teniendo en cuenta la gravedad de la situación, solicitamos la intervención de las Relatorías de la CIDH y de la ONU para que inste a las autoridades argentinas a garantizar que quienes ejercen el periodismo puedan desarrollar su tarea en condiciones de seguridad y sin temor a represalias, hostigamientos o intimidaciones.
Presentación ante Naciones Unidas
Foto: Guido Piotrkowski captura el momento en que miembro de la Policía Federal le dispara al cuerpo. El 15 de octubre el fotorreportero sufrió dos impactos de bala de goma en el torso.