El día 12 de marzo de 2001, el CELS denunció al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación de los derechos a la vivienda, a la propiedad, al acceso a un recurso judicial efectivo sustanciado conforme a las reglas del debido proceso legal, a la vida privada y familiar, y a la información, derechos consagrados en los instrumentos de derechos humanos del sistema interamericano con relación a los habitantes del Barrio Ejército de los Andes, más conocido como “Fuerte Apache” en la Provincia de Buenos Aires, quienes sufrieron el desalojo y la demolición de sus viviendas.
La exclusión de los afectados del proceso judicial en el que se discutía la demolición de sus moradas, determinó entonces la violación de su derecho a la vivienda y en los casos de los propietarios, la violación de su derecho a 1a propiedad de acuerdo a la jurisprudencia internacional en la materia. En efecto, un aspecto que resulta fundamental para la protección del derecho a la vivienda y contra la práctica de los desalojos forzosos y las demoliciones de viviendas, es la posibilidad de los afectados de acceder a recursos judiciales adecuados y efectivos.
