Derechos Humanos en la Argentina Informe 2002. Hechos 2001

2. Justicia por los crímenes del terrorismo de Estado

por María José Guembe y Carolina Varsky

Durante el año 2001 se han dado pasos sustanciales en pos de lograr justicia, profundizar la verdad y avanzar por la memoria de los crímenes del terrorismo de Estado.

Desde 1996 hasta el 2001, el espiral fue ascendente tanto en los logros como en los intentos por frenar los avances sobre las construcciones democráticas. En el plano nacional se fortalecieron las iniciativas de homenaje y conmemoración a las víctimas y el repudio moral a los represores; el reconocimiento del derecho a la verdad. el juzgamiento de los máximos responsables por la apropiación de menores y la apertura de causas por robo de bienes y crímenes cometidos en los años previos al golpe de Estado. En el plano internacional se amplió y renovó el consenso contra la impunidad y se fortalecieron las causas judiciales por desaparición y genocidio en distintos países del mundo.

A 25 años del golpe militar de 1976, la consigna fue más contundente: las principales consecuencias de la dictadura como la impunidad y el inicio de un modelo de exclusión social deben ser abordadas desde las instituciones de la democracia. Una vez más, en un marco de conmemoración crítica y debate por parte de amplios sectores sociales se produjo un cambio, esta vez movilizando la justicia.

En este capítulo no podrían plasmarse todos los avances en la lucha contra la impunidad que se han dado durante el año. La perspectiva que hemos elegido es la de repasar los hechos más relevantes en el ámbito judicial. Afortunadamente, durante este año se han concretado algunas de las demandas por justicia relegadas desde hace tiempo. Pero también han quedado al descubierto muchas de las deudas que aún tienen las instituciones del Estado.

Sin embargo, frente a estos pasos a favor de la justicia, se agudizó la ofensiva de algunos sectores militares y políticos, ofensiva que fue descripta ya en el Informe del año 2000. Estos embates aumentan la necesidad de fortalecer las instituciones en el compromiso con los derechos humanos.