Derechos humanos en la Argentina. Informe 2017

4. Nuevas amenazas. Consecuencias del realineamiento geopolítico en la seguridad interior

por Manuel Tufró, Victoria Darraidou, Florencia Sotelo, Agustina Lloret, Juliana Miranda y Ana Adelardi

Aun no es posible caracterizar un modelo único, coherente y homogéneo de las políticas de seguridad de Cambiemos. En algunos aspectos, el recambio de autoridades nacionales y de la provincia de Buenos Aires no constituyó un punto de quiebre: las políticas de seguridad y las policías arrastran dinámicas de largo alcance, inercias institucionales y medidas que se repiten, ya observadas en la errática gestión de la seguridad ciudadana entre 2003 y 2015. También se vislumbran transformaciones importantes, que se derivan de los nuevos posicionamientos de la Argentina en los debates regionales y globales, sobre narcotráfico y terrorismo y en la respuesta estatal a las protestas sociales: endurecimiento de la denominada “guerra contra el narcotráfico” y las amenazas de represión de la protesta.

En su primer informe presentado al Congreso nacional en abril de 2016, el jefe de Gabinete Marcos Peña expresó una visión sumamente restrictiva de la seguridad ciudadana, al reducirla a la investigación de delitos comunes de competencia provincial. Pero, sobre todo, mostró que el gobierno nacional busca instalar una nueva visión sobre la seguridad, que se aleja tanto de la noción de seguridad urbana como de la ciudadana, más amplia, tal como la definen, entre otros, la CIDH: la seguridad ciudadana implica que la protección de las personas y la construcción de ciudadanía son el objeto de las políticas de seguridad. Esta concepción marcó un claro avance respecto de las tradicionales nociones policiales de orden público y de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN), que colocan al Estado o a determinado statu quo como los bienes principales a ser protegidos. Los mensajes y acciones del gobierno nacional durante 2016 retomaron algunos aspectos de esas posiciones anacrónicas. Por ejemplo, presentan el delito y a diferentes actores como una amenaza a valores difusos que alternan entre la soberanía, la seguridad del Estado y la seguridad nacional. Con esta operación, se identifican enemigos internos como amenazas a bienes cuya defensa corresponde a las Fuerzas Armadas.