En diciembre de 2024, cuando se cumplió el primer año del gobierno de Javier Milei, decíamos que las “narrativas antiterroristas reconfiguran el Estado”. Desde entonces, este proceso se profundizó, y también se extendió más allá de las dependencias del Poder Ejecutivo.
El jueves 16 de julio, el canciller argentino, Pablo Quirno, participó de una reunión convocada por el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, para promover la cooperación entre servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad, de más de 60 países, con el fin de “aplastar” al “terrorismo de extrema izquierda”. Publicamos en Open Democracy un análisis de las implicancias regionales de la reaparición de este paradigma.
En los primeros días de agosto, el presidente justificó medidas contra las y los migrantes diciendo que hay “terroristas disfrazados de estudiantes, terroristas disfrazados de periodistas”. Así usado el término “terrorista” busca generar miedo, un temor al otro que luego se instrumentaliza para justificar barreras, endurecimiento, inversión en tecnologías de vigilancia. En estos días, cuatro relatores especiales de Naciones Unidas alertaron que esta maniobra del gobierno argentino es un “mecanismo de restricción de derechos”.
Poco después de las declaraciones presidenciales, el procurador interino Eduardo Casal designó enlaces entre el Ministerio Público Fiscal (MPF) y el Centro Nacional Antiterrorista (CNA), creado dentro de la SIDE en octubre de 2025. Se trata sobre todo de un núcleo de acopio de información de inteligencia vinculada al “terrorismo” para compartirla con agencias extranjeras. Y, al igual que todo lo relacionado hoy con la SIDE, sus acciones se rigen por la lógica del secreto. El MPF, cuya misión es investigar delitos, se suma a la perspectiva política del poder ejecutivo en este tema y a la dinámica de las agencias de seguridad e inteligencia nacionales e internacionales.
Como ya sabemos, este alineamiento con la agenda antiterrorista recargada de Estados Unidos arma un escenario peligroso en el que bajo presuntas amenazas internas e internacionales se generan condiciones para legitimar el espionaje político, la extensión de la vigilancia, el secreto de las investigaciones, la criminalización arbitraria y en definitiva criterios de excepcionalidad que se vuelven norma.
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