Me une a Memoria Activa mi historia personal y mi pertenencia al CELS, organismo que surgió para luchar contra la impunidad del terrorismo de Estado y hoy, junto al movimiento de derechos humanos argentino, sigue en el camino de la búsqueda de justicia.
Mi papá iba a ir ese 18 de julio a la AMIA por trámites para mis abuelos. Por suerte, cambió de planes. Ese 18 de julio algo cambió para todos. No solo resuenan las historias personales.
El atentado impune es un trauma para toda la sociedad y dejó marcas profundas en el sistema político argentino. Pese a la profundidad del sufrimiento y la enorme lucha de las víctimas y familiares seguimos peleando contra un Estado que se mostró encubridor desde los primeros días. Salvo contadas excepciones, dentro y fuera del Estado (funcionarios comprometidos que hicieron esfuerzos importantes, referentes, amigos que siempre empujaron) se siguen imponiendo el oportunismo político y las continuidades de una matriz estatal que fue condición de posibilidad del atentado y ejecutora del encubrimiento.
Hay tanto cinismo en la utilización política del atentado, tanto uso electoral del “caso AMIA” que, a 23 años, la misma dirigencia que habla de la impunidad en abstracto deja sin respuestas a las víctimas y a la sociedad y mantiene las lógicas estatales que garantizaron esa impunidad. El gobierno actual puso el caso AMIA en los primeros lugares de su campaña. Hoy reclamamos su falta de apoyo y compromiso con la verdad y la justicia.
Ayer el actual presidente de la AMIA dijo que el atentado está esclarecido y que no hace falta más que encontrar el modo de sentar a los culpables para lograr las condenas. Eso explica el apuro oficial por aprobar la figura de juicio en ausencia, mientras el Poder Ejecutivo debilita la querella en el juicio por el encubrimiento y entorpece el proceso de desclasificación de archivos. Juicio en ausencia que sólo podrá tranquilizar hipócritamente algunas conciencias porque su objetivo principal es cerrar el caso sin mayor investigación. Medida que, como es evidente, no dará respuesta alguna a las víctimas ni a la sociedad en su conjunto. Hoy no hay pruebas para lograr una condena y no las habrá juzgando en ausencia.
Estas mismas autoridades de la dirigencia comunitaria tampoco dijeron ni una sola palabra de estos 23 años de lucha contra esta matriz del Estado encubridor. Nada de la responsabilidad de las estructuras policiales, judiciales, de inteligencia, políticas o comunitarias.
Hoy sabemos que, desde el primer momento, el atentado vino con su encubrimiento y que existió una conexión local que nunca se investigó de verdad. Sabemos del antisemitismo histórico de las instituciones policiales, de las redes de corrupción del aparato de seguridad y de la complicidad política que prefirió negociar una salida desde el día uno.
Hemos tenido que navegar junto a las víctimas y los familiares por las cloacas del Estado, tratando de romper un bloqueo informativo fuertísimo para denunciar y pedir justicia.
Hoy, junto al trabajo de la actual gestión de la UFI AMIA estamos llegando al final del juicio por encubrimiento y sabemos muchas más cosas. Porque los juicios construyen verdad. Sabemos cómo fueron las maniobras para direccionar la investigación y cubrir intereses de muchos de los involucrados. Sabemos cómo funcionó el aparato de inteligencia que sabía antes de ese 18 de julio de 1994 que algo iba a pasar y no lo evitó. Que fue parte central, junto con la policía federal, de la estrategia para comprar testigos con dinero sucio de la SIDE, plantar pruebas falsas, torturar personas para acusar sin pruebas, y finalmente mostrar como resuelta una investigación plagada de mentiras e irregularidades.
Sabemos también cómo funcionó la justicia federal, en ese entonces con Galeano y compañía. Y entendemos mejor cómo sigue funcionando hoy con Bonadío, Moldes o Lijo. Estos fiscales y jueces que impidieron a las víctimas por años llegar a la verdad y a la justicia. Esta es la lógica de la justicia federal que denunciamos tantas veces desde Memoria Activa y el CELS. Tenemos que recordar esos nombres y explicar ese esquema que sigue vigente: nunca se desarmó la relación de la justicia federal con el aparato de inteligencia para desviar investigaciones, extorsionar, plantar pruebas falsas, lograr tapas en los diarios. La justicia federal de Comodoro Py está preocupada por construir su propio poder, que nada tiene que ver con los derechos de las víctimas ni de nadie.
Hoy está terminando el juicio por el encubrimiento y el sistema de inteligencia sigue con sus lógicas y prácticas. Los pocos avances que habíamos conseguido para que, por ejemplo, se transparenten los fondos reservados de la ex SIDE fueron desarticulados por este gobierno. Todo volvió a ser secreto por decisión política, mientras el director de AFI es salvado por esos mismos personajes federales que ya conocemos. Es muy impresionante cómo quedó disociada la respuesta que se da al atentado de una agenda institucional que logre cambiar esta forma de funcionamiento estatal y desarticular el entramado del encubrimiento.
Si el atentado no generó un quiebre ético-político en el país para impulsar estos cambios, la huella se fue construyendo con la organización de las víctimas, de los familiares y con su denuncia por el encubrimiento desde los primeros momentos. Huellas de un proceso de construcción individual y colectivo, que atraviesa lo personal con lo social. Huellas que dieron forma al camino que fue llevando del dolor de la tragedia al reclamo político. Camino recorrido por las familias que forman Memoria Activa y que se forjó con la denuncia de las complicidades locales.
Es este camino el que se une a la historia de los derechos humanos en la Argentina. Lo une ese proceso colectivo de construir verdad, de buscar justicia y de luchar por una forma particular de democracia. Así lo entendieron los familiares que salieron a la calle a reclamar, a mostrarse juntos, a pedir respuestas que incluyen su lucha personal pero que no se agotó nunca en un reclamo individual.
Mientras algunos pretendían que las víctimas estuvieran solo respresentadas por las instituciones tradicionales de la comunidad y por actores estatales, las víctimas organizadas dieron una lección: no permitieron que se presentara como justicia cualquier resultado, ni que se resuelva el caso entre cuatro paredes y que nos enteremos después de que los responsables están muertos. Tampoco permitieron que se deje de lado la investigación sobre las instituciones argentinas que no previeron y fueron cómplices del atentado y de su encubrimiento. Y esto, con un poco de cansancio y decepción, resuena hoy con mucha fuerza.
En el año 1999, a cinco del atentado, llevamos con Memoria Activa el reclamo por verdad, justicia y otras formas de reparación, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tal como lo hicimos con los crímenes del terrorismo de Estado. La CIDH ayudó a explicar por qué era una obligación ética y política anular el primer juicio e impulsar la investigación de la conexión local del atentado y del encubrimiento. Este camino de verdad y lucha contra la impunidad nos encuentra de la mano, peleando, hasta hoy.
Este activismo –adentro y fuera del Estado– es un ejemplo ético. Historias personales y familiares que se unen a una historia grupal, social, nacional. Historias individuales que se unen a la historia colectiva por la defensa de los derechos humanos.
Después de todos estos años esperamos, juntos, que el Tribunal Oral Federal n°2 dicte una condena reparadora a los encubridores. A 23 años del atentado, recordamos y honramos a los muertos y seguimos pidiendo por memoria, verdad y justicia.