El último mes estuvo marcado en la Argentina por la palabra “narco”.
El triple femicidio de Brenda, Morena y Lara conmovió a buena parte de la sociedad e instaló un tema relegado durante largo tiempo: el mercado de las drogas ilegales es parte de la vida cotidiana de miles de personas, pero la violencia con la que se lo gobierna afecta en particular a los sectores populares.
En otro ámbito, el electoral, la presunta relación entre el ex candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza José Luis Espert –autor de la frase “cárcel o bala para los delincuentes”– y un personaje vinculado con el tráfico transnacional de drogas derivó en un escándalo político de primer nivel, con numerosas ramificaciones. Tampoco en este caso se trata de una anécdota suelta, dado que la permeabilidad entre la política y los mercados ilegales no es una novedad.
Hace décadas que las políticas de drogas en América Latina están influenciadas por la agenda de la “guerra contra el narcotráfico” y las “nuevas amenazas”, impulsada por Estados Unidos. En los últimos años, a la militarización se agregó el uso intenso de la figura del “terrorismo” para caracterizar a la criminalidad organizada, lo que funciona básicamente como justificación del estado de excepción: habilita mayores niveles de violencia estatal, en algunos casos extrema, sin afectar de manera estructural al narcotráfico.
La resolución judicial del crimen de Morena, Lara y Brenda no debería conducir a la normalización de la violencia como telón de fondo de las vidas, hasta que nos sacuda el siguiente caso. Si no hay un compromiso de los actores sociales que sostenemos valores democráticos para construir salidas, los enfoques autoritarios, que también dirigen la violencia hacia los sectores populares, seguirán ganando espacio.
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Foto: Infobae