El Observatorio Ambiental y Climático para la Implementación del Acuerdo de Escazú es una iniciativa argentina conformada por organizaciones ambientales y de derechos humanos en alianza con instituciones académicas. Su principal objetivo es monitorear el estado de implementación del acuerdo en nuestro país e impulsar su cumplimiento efectivo e integral.
El Acuerdo de Escazú establece que el Estado tiene la obligación de proteger a quienes defienden el ambiente y los derechos humanos. Hace cinco años Argentina adhirió al Acuerdo, mediante la Ley 27.566 y desde finales de 2023, cuenta con el Plan Nacional de Implementación del Acuerdo. Sin embargo, la implementación efectiva de este tratado regional no tiene avances concretos en la actualidad. El Estado no lo cumple y defender el ambiente en nuestro país sigue siendo una actividad de riesgo. Por el contrario, el gobierno actual, impulsó reformas que favorecen, por ejemplo, el extractivismo.Necesitamos la implementación de Escazú ahora.
Ante este escenario, el Observatorio tiene como misión analizar el estado de situación de la democracia ambiental en el país a partir de monitorear el cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública, a la participación pública, a la justicia ambiental y a la protección de aquellas personas que defienden la vida. En un contexto de negacionismo climático, de desregulaciones y retrocesos normativos e institucionales en materia ambiental y social, de afectaciones de derechos humanos y ambientales en los territorios y de incumplimientos a los deberes estatales de preservar la biodiversidad, el clima y el patrimonio natural y cultural, buscamos lograr una hoja de ruta para señalar el camino hacia el cumplimiento integral del Acuerdo de Escazú.
Este primer informe del Observatorio, Coordenadas para una democracia ambiental, en Argentina, tiene ocho capítulos. Se enfocan en las afectaciones al principio de no regresión en la Argentina, la calidad de la información pública, el nivel de la participación social en audiencias y consultas públicas, los obstáculos para el acceso a la justicia ambiental y en las amenazas actuales y potenciales para personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales en diferentes provincias. También se incluye la perspectiva de género en el seguimiento de la implementación del Acuerdo de Escazú.
La publicación es un punto de partida para el debate de nuevas líneas de acción que puedan instar a las autoridades a cumplir de manera integral y efectiva del Acuerdo de Escazú y el plan de implementación publicado por la Argentina a fines de 2023. Asegurar la implementación plena del Acuerdo regional es clave para elevar el nivel de la democracia ambiental y, particularmente en los territorios, para garantizar un entorno seguro para que las defensoras y defensores ambientales puedan defender el ambiente.
Desde el CELS, en el capítulo séptimo, nos enfocamos en examinar la situación de defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales en la Argentina. Buscamos visibilizar historias en contexto de avance del modelo de desarrollo extractivista y de desregulación de las políticas de protección ambiental. El apartado contempla cómo los defensores y defensoras del ambiente y de la tierra en la Argentina enfrentan múltiples formas de violencia cometidas por actores estatales y no estatales. Los riesgos a los que están expuestos varían en función de su pertenencia a ciertos colectivos especialmente vulnerables como, por ejemplo, pueblos indígenas, mujeres y campesinos. Las agresiones relevadas van desde el uso de las estructuras estatales para silenciar y disciplinar a quienes se oponen al avance de megaproyectos extractivos, hasta actos de violencia cometidos por agentes no estatales que no son investigados por connivencia estatal. Los casos seleccionados son relevantes porque ejemplifican distintos tipos de agresiones y violencias que enfrentan los defensores ambientales, desde la criminalización de su protesta hasta la omisión de protección por parte del Estado. Asimismo, se consideraron situaciones de diferentes provincias del país, con el objetivo de mostrar cómo las agresiones no se limitan a una región específica, sino que forman parte de un patrón de violación sistemática de derechos en todo el territorio nacional.
El Observatorio Ambiental y Climático para la Implementación del Acuerdo de Escazú en Argentina está integrado por: Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional Argentina, Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS), Fundación CAUCE: Cultura Ambiental – Causa Ecologista, Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), Sustentabilidad Sin Fronteras, Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (CeDAF-UBA), Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), Consciente Colectivo, Proyecto Meulen de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), la Universidad de Salta, Fundación Nueva Generación Argentina y Fundación Plurales.
