Por Sofía Tiscornia, antropóloga integrante de la Comisión Directiva del CELS. Fue presidenta de la organización entre 2021 y 2024.
Mediados de los años 80 del siglo pasado. Las leyes de impunidad parecen haber clausurado la posibilidad de encontrar justicia para los crímenes del terrorismo de Estado a través del litigio. Hay un clima de desazón y desaliento, pero también de confianza en que los derechos humanos son un horizonte legítimo para la construcción de potencia democrática. Una herramienta lábil para construir formas de convivencia no violentas ni autoritarias.
En aquel entonces comienzan a acercarse a la sede del CELS personas que nos relatan que sus hijos habían sido ejecutados por la policía en enfrentamientos que no eran tales y eso sucedía luego de reiterados abusos y detenciones. Algunos de esos hechos habían aparecido en los diarios como enfrentamientos entre policías y delincuentes de frondoso prontuario, sin cuestionar las circunstancias en que ocurrían los hechos. Estos testimonios y pedidos de ayuda abren en el CELS una ardua e importante conversación acerca de asumir o no la defensa de las víctimas en esos casos. No se trataba de militantes políticos, ni de personas detenidas y desaparecidas por su militancia. Aparecían a la luz pública como simples casos de delincuencia común, o como resultado de razias violentas en los barrios y villas. Que esa demanda apareciera en cuerpo presente en el CELS era un signo que el lenguaje de los derechos humanos estaba abriendo una puerta a cómo una sociedad reconoce el dolor y la injusticia y a qué violencias se considera dignas de ser nombradas.
¿Era posible convertir esa violencia en violaciones a los derechos humanos en democracia? ¿Debía una organización de derechos humanos creada para dar cuenta de los crímenes de la dictadura, asumir la investigación y defensa? En ese debate fueron convincentes los argumentos de la abogada Alicia Oliveira y decisiva y firme la postura y el impulso de Emilio Mignone, entonces presidente del CELS, acerca de crear un programa de análisis, litigio e investigación sobre el problema. Al programa se suma un pequeño grupo de antropólogas que en pocos años integraremos el Equipo de Antropología Política y Jurídica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
Al tiempo que se litigan algunos casos, se comienza a ordenar y sistematizar las notas de la sección policiales que aparecían en los diarios, se hacen entrevistas a familiares y allegados pero también a funcionarios de tribunales y a periodistas de policiales. Fue un trabajo muy artesanal en el que colaboran algunas Madres de la Plaza (hábiles ya en armar las carpetas para el archivo periodístico durante la dictadura). Con inspiración en el trabajo de un grupo de juristas latinoamericanos del IIDH y de sociólogos del Núcleo de Estudios de Violencia de la Universidad de San Pablo, Brasil, comenzamos a imaginar cómo clasificar y distinguir unos hechos de otros, buscar líneas de recurrencia, estándares de actuación y darles nombre a las diferentes circunstancias.
Nos hicimos entonces una pregunta que definió el programa de trabajo: ¿cómo estaban organizadas las policías, en particular la Policía Federal de la Capital, para que esos hechos ocurrieran?, ¿qué sucedía con esos casos en tribunales?, ¿por qué eran aceptados con naturalidad por la opinión pública? (tengamos en cuenta que en esa época, la inseguridad no era aún un problema de agenda). No nos parecía que la sola explicación sobre la “herencia de la dictadura” o la continuidad de los “grupos de tareas” fueran convincentes. Así como tampoco parecía factible la peligrosidad de “frondosos prontuarios” en jóvenes menores de veinte años y muchas veces sin historia delictiva alguna.
Pensamos que, antes bien, debía haber una larga historia de formas burocráticas de actuación de las policías y los tribunales que era importante conocer para incidir sobre ella. Por eso, comenzamos a agregar a la base de datos de noticias periodistas (cuya fuente eran notas recortadas y pegadas en una carpeta), otra base de datos: las detenciones por Edictos Contravencionales de Policía. Porque los edictos explicaban las prácticas rutinarias del trabajo policial, lo que sucedía todos los días, cientos de miles de veces, y, salvo para las policías y sus víctimas, estaba invisibilizado. Por decirlo de alguna forma, era la base pétrea en la que se cimentaba buena parte de las violencias policiales, que en numerosos casos terminaban en tortura, falsos enfrentamientos y muertes.
Nos pusimos en contacto con los curas villeros de la Capital y la provincia de Buenos Aires. En las villas muchas personas nos confirmaron la habitualidad de las detenciones por Edictos. La entonces Comunidad Homosexual Argentina (la CHA) contaba ya con un trabajo importante sobre la las detenciones por Edictos a personas de la comunidad. Paralelamente para los tribunales se trataba solo de cientos de miles de expedientes con escasa posibilidad de ser investigados. Algunos pocos jueces nos abrieron el acceso y así obtuvimos alguna dimensión de lo que sucedía. Se solicitó formalmente a la Policía Federal las cifras de detenidos por Edictos. Se negaron a dar la información y se presentó entonces un recurso de amparo que, con el correr del tiempo, nos dio la razón.
En mayo de 1987, la llamada Masacre de Ingeniero Budge en la que suboficiales de la policía bonaerense acribillan a balazos a tres jóvenes que conversaban pacíficamente en una esquina, sensibiliza el problema, en particular por la reacción del barrio ante lo ocurrido. La muerte de Walter Bulacio en 1991 luego de una razzia en un recital de rock pone en cuestión las detenciones arbitrarias y las muertes provocadas por la acción policial.
Para ese entonces el CELS contaba ya con una base de datos que habilitaba a plantear que esas muertes no eran hechos aislados y fuera de lo común, antes bien, eran crímenes que los antiguos reglamentos policiales, las formas rutinarias de vigilancia y control y las prácticas consentidas por los tribunales, los hacían posibles. A su vez, queríamos demostrar que esas formas de actuación burocráticas producían también muertos y heridos en las policías. Se comenzaron a publicar regularmente las estadísticas, también se relataban las historias que había tras los crímenes. Comenzaron a circular las primeras publicaciones y agrupaciones estudiantiles, tanto de los colegios secundarios como de las universidades, acompañaron el proceso de impugnar el accionar policial y tribunalicio.
La base de datos fue creciendo y refinándose. Un hito para ese trabajo fue la publicación en 1998 del trabajo realizado con Human Right Watch, llamado “La inseguridad policial. Violencia de las fuerzas de seguridad en la Argentina” y resultado de un intenso trabajo de recopilación de casos de violencia policial en la mayoría de las provincias argentinas. El CELS y HRW fueron recibidos por el entonces Ministro del Interior de la Nación quien se comprometió a hacer llegar el informe a las policías provinciales. Parte de las recomendaciones que los resultados de la base de datos del CELS produjo con los años, se convirtieron en material para el diseño de políticas públicas.
Así, desde fines de los años 80 el estudio y las acciones contra la violencia institucional contribuyeron a resignificar los derechos humanos como una gramática política legítima. La base de datos que se consolida hacia fines de los años 90, es una herramienta de impugnación de las violencias y de la importancia de fortalecer los principios democráticos para un proyecto común de transformación social y política.
Foto: Pepe Mateos
