El RIGI no inauguró los conflictos socioambientales asociados a la expansión extractiva en la Argentina, pero sí modificó las condiciones en las que estos se desarrollan. Los principales proyectos promovidos por el régimen avanzan sobre territorios atravesados desde hace décadas por disputas vinculadas al acceso al agua, la protección ambiental, los derechos de las comunidades y la distribución de los beneficios derivados dela explotación de los recursos naturales.
En este contexto, el RIGI debe entenderse como parte de un proceso más amplio de reconfiguración del papel del Estado impulsado por el gobierno de Javier Milei, junto con otras iniciativas como el DNU 70/23, la Ley Bases y la reforma de la Ley de Glaciares. Más que crear nuevos conflictos, el RIGI se superpone a tensiones preexistentes y contribuye a profundizarlas. La ampliación de incentivos para las grandes inversiones y el debilitamiento de instrumentos de regulación y protección ambiental reconfiguran el rol del Estado, que reduce su capacidad de planificación, control y resguardo del interés público para asumir un papel cada vez más orientado a facilitar y garantizar el desarrollo de los proyectos extractivos. Al mismo tiempo, este nuevo escenario obliga a las organizaciones sociales y a las comunidades afectadas a redefinir sus estrategias de participación, incidencia y resistencia.
Reglas a medida
Un elemento clave para entender la dimensión del RIGI son las condiciones extraordinarias con las que el Estado argentino promueve la llegada de inversiones. Las grandes empresas que se adhieren al RIGI cuentan con una serie de privilegios aduaneros, cambiarios y regulatorios. De esa manera, la instalación de capitales queda protegida con condiciones extraordinarias y estables durante 30 años para los proyectos adheridos al RIGI.
Como reverso, poco dice el RIGI sobre las contraprestaciones al desarrollo nacional. En la práctica el Estado garantiza la baja de impuestos, establece una regulación más laxa y condiciones de estabilidad para la actividad de grandes empresas extractivas, sin garantizar que esas inversiones se traduzcan en la mejora de la calidad de vida de los pueblos y ciudades, o en reforzar el sistema productivo nacional. Más bien lo contrario: mientras el Estado pierde capacidades, se priorizan economías con características de enclave, que refuerzan la tendencia exportadora y primarizante de la economía.
En la misma clave de “protección” de las grandes inversiones, la puesta en marcha del RIGI se acompañó de la creación de una Unidad de Seguridad Productiva de las fuerzas de seguridad federales. Esto se intensifica en un contexto de redefinición de la orientación política de las relaciones internacionales del gobierno argentino, con un fuerte alineamiento con los Estados Unidos; país con el que se firmó un acuerdo bilateral de comercio (aún pendiente de ratificación en el Congreso) que, entre otros puntos, establece que la Argentina debe facilitar las inversiones de empresas estadounidenses en proyectos de minerales críticos, y se compromete a darle prioridad y tramitar de manera exprés las aplicaciones de empresas estadounidenses al RIGI. Este tipo de decisiones estatales operan sobre la conflictividad como amenaza.
El RIGI no inaugura la conflictividad:la profundiza y expande
Para intentar responder a la pregunta respecto a qué ha ocurrido con la conflictividad en los territorios y en qué medida el marco normativo del RIGI y su puesta en práctica alteran una dinámica de disputas que muchas veces son preexistentes, incorporamos a este artículo voces de quienes viven y habitan los territorios afectados. Lo que ponen de manifiesto estas voces son otras variables que quizás vienen siendo más relevantes para entender la conflictividad, como el reflujo de la movilización, los impactos de episodios represivos como los ocurridos en provincias como Mendoza, Jujuy y Chubut; o el desarrollo de nuevas técnicas de gestión del conflicto en las provincias a través de la instrumentalización de procesos de consulta.
Martín vive en el Alto Valle de Rio Negro, integra una organización con más de 20 años de trabajo para que la producción y el consumo de energía se haga de forma justa, democrática, saludable y sustentable. Decir RIGI en la región es hablar de Vaca Muerta y de YPF, que hace poco anunció una de las grandes inversiones del régimen para aumentar la producción de barriles de petróleo.3 Esta se suma a otros dos proyectos de exportación de gas licuado por vía de un oleoducto, que atraviesa las provincias de Neuquén y Río Negro hasta el Mar Argentino.4 Según él, “la conflictividad está generada en base a la proyección y al consenso que es Vaca Muerta. No es nuevo, el RIGI entra y se ensambla ahí”.
El enfoque que propone Martín es interesante para prever que un mayor ritmo de la actividad va a intensificar también la demanda hídrica y por ende los tiempos de la conflictividad, al posibilitar una crisis de subsistencia comunitaria. Un ejemplo es la situación del lago Mari Menuco: “El lago hoy tiene unos 50 pozos. Cuando vimos la proyección en cartografía de YPF tiene más de 1000 pozos… Lo que va a hacer es empeorar y acelerar la conflictividad porque el agua en la zona es un recurso esencial”, sostiene Martín.
Catamarca es una provincia que reconoce importantes antecedentes de organización en defensa del agua y el ambiente.5 Camila acompaña como periodista e investigadora a las comunidades de Antofagasta de la Sierra y Fiambalá, en el corazón de la región conocida como el triángulo del litio. Allí, tres proyectos ya cuentan con aprobación del RIGI: Hombre Muerto (Galán Litio), Rio Tinto y, más recientemente, Diablillos. Su testimonio es interesante para echar luz sobre cómo la institucionalidad provincial se acopla a las condiciones que propone el RIGI. En marzo de 2024, la Corte de Justicia de Catamarca dió lugar al reclamo ambiental de una comunidad indígena, que suspendía el otorgamiento de nuevos permisos de extracción de agua en la cuenca del río Los Patos. Camila observa que luego de sancionado el RIGI y dos años después, la misma Corte decide levantar la cautelar apoyándose en un estudio —presentado por el gobierno provincial— que descartó la existencia de daño ambiental atribuible a la actividad minera. No sin polémica, el fallo tuvo la disidencia de dos jueces de la Corte por incompleto.6 Apenas unos días antes de la resolución judicial, el gobierno nacional había anunciado la aprobación del ingreso al RIGI para la expansión del proyecto Fénix, controlado por Rio Tinto. Según lo que repone Camila, las instituciones democráticas quedan capturadas por el juego que impone el RIGI: la justicia local parece plegarse a los tiempos del Ejecutivo nacional y desmantela sus propios fallos de protección ambiental para no interferir con el flujo de divisas que propone el régimen.
En Mendoza, Federico integra la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, que se moviliza frente al avance del proyecto minero San Jorge sobre las nacientes del río Mendoza. Al preguntarle por el impacto del RIGI, Federico también va más atrás: “La conflictividad que tenemos es independiente de que el proyecto esté en el RIGI, porque ya venía de antes. Van haciendo paquetes de leyes desde la época de Menem, como las leyes de inversiones mineras, y siempre piden más”. En cambio, sí señala la especificidad del nuevo régimen como mecanismo de auxilio financiero para un proyecto que no logra cerrar su ecuación económica, Federico comenta: “Quieren acceder al RIGI para abaratar costos, porque tienen serios problemas con la disponibilidad del agua, de energía, los caminos, todo eso lo pretenden solucionar con el RIGI, o que el Estado se lo resuelva de alguna manera”. Según Federico, el RIGI funciona también como un salvataje financiero para proyectos inviables. El Estado cede soberanía tributaria y subsidia activamente la infraestructura que las corporaciones necesitan para operar, socializando los costos y privatizando las ganancias.
En San Juan, Fernando integra la Asamblea Popular por el Agua del Valle de Calingasta, que desde 2019 resiste el avance de los proyectos Azules y Pachón sobre las nacientes del río Los Patos. Similar a lo que sucede en Mendoza, en San Juan él también ubica una trama previa de regulaciones y beneficios a las que ahora se suma el RIGI, como la Ley Nacional 24.196 de inversiones mineras que incluye estabilidad fiscal por 30 años, deducción del Impuesto a las Ganancias y devolución del IVA. San Juan también es pionero en mecanismos de validación de actividades extractivas. “Remplazó las audiencias públicas por una figura que se llama consulta pública. Con eso se evitó exponer públicamente las polémicas”, explica.
En Neuquén, Lef es parte del pueblo mapuche, a quienes todo lo que ocurre alrededor de Vaca Muerta y la actividad petrolera les afecta directamente. Sin embargo, señala como particularidad la distancia entre la grandilocuencia con la que circulan los anuncios sobre grandes inversiones y la percepción social. “La gente acá no lo ve como algo trascendente ni grave”, analiza. Esa distancia, señala, plantea un desafío: “hablar en un lenguaje que se entienda”.
Organización y resistencia
Las formas de organización y lucha varían de acuerdo al contexto y la realidad concreta de provincia a provincia. Son varios los hitos históricos que reconoce el movimiento ambientalista: desde el No a la mina en Esquel, El Famatina no se toca en La Rioja, las asambleas en San Juan para denunciar los derrames de la minera Barrick Gold, hasta las movilizaciones ciudadanas en Mendoza por el agua. Sin embargo, la llegada de Javier Milei al gobierno nacional trajo consigo el desgaste y reflujo de algunos procesos de movilización local, afectados entre otros factores por la persecución política, la criminalización de militantes o los efectos de la crisis económica. En ese contexto adverso se implementa el RIGI.
Este artículo propone un análisis del RIGI como un dispositivo de subordinación jurídicay territorial que desafía los repertorios tradicionales de defensa de los derechos humanos y los bienes comunes, forzando a los pueblos afectados a reinventar sus formas de organización y resistencia frente al avance corporativo. Catamarca, por ejemplo, hace rato no vive jornadas de represión y persecución a militantes como sucedió en Andalgalá en 2020. El gobierno provincial optó por otro tipo de instancias de legitimación y participación, como las audiencias ciudadanas y charlas técnicas, en donde se mezclan funcionarios públicos y representantes de las empresas con vecinos y vecinas. Aunque muchas veces estas instancias terminan siendo un circuito que vacía de contenido al derecho a la consulta. En palabras de Camila: “Tenés que leer un texto de 700, 900 páginas en lenguaje súper-técnico. A veces hay tres audiencias por mes, las comunidades deberían leer 3000 páginas, comprenderlas e ir con las preguntas anotadas con un QR que te tenés que bajar con un PDF en un lugar donde no hay señal”.
Frente a estos escenarios surgen también respuestas alternativas. En Mendoza, que parece atravesar una coyuntura represiva, la asamblea de la comunidad de Uspallata combina la denuncia legal y la movilización paralela. “Organizamos una audiencia en Uspallata en simultáneo a la oficial, el mismo día y a la misma hora, ante escribano. Logramos triplicar la participación de la audiencia oficial y la elevamos al expediente. No tuvieron más remedio que aceptarla”, relata Federico.
En San Juan, provincia de tradición minera como Catamarca, Fernando entiende que la pelea es “de largo aliento”. La asamblea en la que participa combina estrategias de lucha judicial, organización comunitaria local y la construcción de redes que trascienden la provincia. A pesar del contexto regresivo, las poblaciones conservan una memoria de sus luchas. Incluso de algunas subterráneas, como apunta Camila: “Ahora mismo en Catamarca el pueblo de Santa María logró que el gobierno provincial no habilite la actividad de la empresa Sofía Gold porque no logró superar estándares ambientales básicos”. En los pueblos y sus organizaciones también se elaboran balances y aprendizajes políticos. En Neuquén, la campaña Salvemos el Mari Menuco es una referencia de coalición amplia con un objetivo claro: “De entrada se fue muy claro diciendo acá no vamos a poner fracking sí, fracking no, como condición para ser parte. El objetivo es defender el lago, punto. Esa coalición viene hace tres años funcionando, todas las semanas hay juntadas y se define la agenda”, apunta Lef.
En definitiva, al preguntarnos sobre cómo este régimen altera las disputas históricas en los territorios, más allá de la profundización de la conflictividad, los testimonios en cada provincia muestran que, ante un dispositivo diseñado para subordinar el territorio y clausurar los canales de participación real, la persistencia y organización de las asambleas comunitarias —aunque con matices— aún funciona como un límite político concreto, demostrando que el ejercicio del derecho a la protesta aún está activo y en disputa.
Este artículo forma parte de del Boletín N°2 del Observatorio del RIGI, una iniciativa colaborativa que reúne a la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín (EPyG UNSAM), a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), al Transnational Institute (TNI), al Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE) y al Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS). Buscamos ser una alianza estratégica para investigar, monitorear y visibilizar los impactos económicos, ambientales, sociales y territoriales del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en la Argentina.
