Litio y derechos humanos en los salares altoandinos de Argentina, Bolivia y Chile

Ante la crisis climática global provocada por el uso intensivo de combustibles fósiles y los procesos de desarrollo industrial acelerados hoy visibles, los Estados se han comprometido a impulsar procesos de transición hacia el uso de energías renovables que sustituyan gradualmente dichos combustibles. Ello ha posicionado al litio, mineral que tiene cualidades propicias para el almacenamiento de energía, como un recurso fundamental para la producción de baterías eléctricas recargables para automóviles, telefonía celular, tecnologías de energías renovables, entre otros usos. Por lo mismo, su demanda global ha crecido exponencialmente en los últimos años.

En este contexto, el denominado “triángulo del litio”, conformado por los yacimientos que se encuentran en los salares altoandinos de Argentina, Bolivia y Chile (ABC), -donde se encuentra más de la mitad de las reservas- ha cobrado importancia global.

Los salares altoandinos de ABC, sin embargo, constituyen los territorios de ocupación tradicional de diversos pueblos indígenas. Se estima que en torno a ellos habita actualmente una decena de pueblos indígenas -aymara, quechua, lipi o lipeño, atacameño o lickanantay, colla, entre otros- distribuidos en al menos 200 comunidades, descendientes de las culturas de milenarias, como la de Tiwanaku y la cultura Incaica.

La explotación del litio en dichos salares, que en el caso del Salar de Atacama en Chile se prolonga por cuatro décadas, ha sido promovida por los tres Estados, con la participación de empresas públicas y privadas, de capitales tanto nacionales como transnacionales, sin que se haya puesto mayor atención en los impactos adversos que ella genera en los pueblos y comunidades que allí viven, así como tampoco en los efectos sobre recursos consustanciales de los salares, como el agua.

Con esta publicación intentamos dar a conocer las principales implicancias que para los derechos humanos ha tenido hasta ahora el desarrollo del litio en los salares altoandinos de ABC. Se trata, en todos los casos, de derechos que han sido reconocidos tanto en los ordenamientos jurídicos internos de los estados de ABC (en sus constituciones o legislación doméstica) como a través de tratados internacionales.

La investigación se compone de seis secciones. En el primer capítulo, se analiza el desarrollo de la industria del litio en el contexto de la crisis múltiple que vive el planeta. En el segundo capítulo, se describe y analiza la geografía física y humana en que se desarrolla el litio en ABC. En el tercer capítulo, se aportan antecedentes sobre la industria del litio en estos tres países, desde su establecimiento en los salares altoandinos en la década a los estándares internacionales de derechos humanos aplicables a la minería del litio. Se describe y analiza la responsabilidad que en materia de derechos humanos corresponde a los Estados, incluyendo tanto a Argentina, Bolivia y Chile, como aquellos en donde están domiciliados las empresas (públicas y privadas) que operan en los salares altoandinos. Se analizan, además, las implicancias que ello tiene en el caso de los derechos de pueblos indígenas y el derecho a un medioambiente sano, así como los sellos a los que han adherido muchas de las empresas que explotan el litio en los salares altoandinos. El quinto capítulo describe los marcos normativos vigentes y las políticas públicas aplicadas al desarrollo del litio en los estados de ABC. Finalmente, en el sexto capítulo se analizan en profundidad los impactos que la industria del litio ha tenido en los derechos humanos, en general, y en el derecho a un medioambiente sano y los derechos de pueblos indígenas, en particular.

El trabajo que aquí se presenta es el resultado de una investigación colaborativa del Observatorio Ciudadano de Chile (OC), del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Posgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia (CIDES UMSA). También cuenta con el aporte de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

Su elaboración ha sido posible gracias al apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de Canadá, a través del proyecto “Impactos del desarrollo de la industria del litio en territorios indígenas de Argentina, Bolivia y Chile” (N° 110326-001 de IDRC). Sin embargo, las opiniones aquí expresadas no representan necesariamente las del IDRC o las de la Junta de Gobernadores.

Esperamos que este trabajo aporte antecedentes a los pueblos y comunidades indígenas afectadas por las operaciones del litio en ABC, que les permitan adoptar sus decisiones y diseñar estrategias autónomamente para asegurar la protección de sus derechos en el contexto de las operaciones de litio hoy existentes en sus territorios de ocupación tradicional, o aquellas que se propongan a futuro. Igualmente, esperamos que permita visibilizar ante los tomadores de decisiones, tanto en los Estados de ABC como en las empresas nacionales y extranjeras involucradas en el desarrollo del litio en estos países, los impactos que los proyectos del litio aquí analizados han tenido en los derechos humanos y ambientales, y se prevé seguirán teniendo de no mediar transformaciones sustanciales. Ello, a objeto de que los Estados y las empresas asuman las responsabilidades que les corresponden en la reparación de las consecuencias adversas que dicho desarrollo ha tenido sobre los derechos humanos y el medioambiente, y en la prevención de aquellas que puedan tener en el futuro.

Tenemos la esperanza de que este trabajo permita evidenciar dichos impactos ante la comunidad internacional, en particular en los Estados en que están domiciliadas las empresas de litio que operan en los salares altoandinos de ABC, así como las empresas que demandan litio extraído. Con el objetivo de que adopten las medidas necesarias para prevenirlos, mitigarlos y repararlos hacia el futuro, contribuyendo a que la transición energética, tan necesaria, sea realmente justa y equitativa para todos, y no solo para unos pocos.

Autor/a: José Aylwin, Juan Carlos Cayo, Sacha Feierabend, Sebastián del Pino, Manuel Olivera, Manuel Tufró (editores)
141 págs.
Editorial: Observatorio Ciudadano, CELS, CIDES UMSA, FIDH