El gobierno presentó en el Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y sostuvo que sólo aborda amenazas externas, que no crea nuevas facultades para el Poder Ejecutivo y que no presenta problemas de constitucionalidad. Sin embargo, el proyecto incorpora el paradigma de la “seguridad nacional” y reorganiza bajo ese concepto la defensa, la seguridad interior y la inteligencia.
En esta publicación presentamos los argumentos técnicos que permiten analizar sus puntos más críticos: la concentración de atribuciones en el Poder Ejecutivo, la debilidad de los controles judiciales, el uso de definiciones vagas para investigar y sancionar y las afectaciones a garantías constitucionales.
Índice
I. La definición de las amenazas a la seguridad nacional es laxa con graves problemas de legalidad
II. El proyecto no refiere sólo a “amenazas externas”, habilita la definición de amenazas internas
III. Las atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional también presentan problemas de legalidad
- El Consejo de Seguridad Nacional no se limita a coordinar facultades preexistentes. Crea nuevas facultades que violan la división de poderes
- Las “medidas urgentes” que contempla el proyecto eluden el control judicial y por lo tanto avanzan sobre facultades del Poder Judicial
- El nivel de secreto con el que funcionaría el Consejo de Seguridad Nacional es incompatible con las garantías mínimas del debido proceso
- Sanciones graves y de aplicación imprecisa que impactarían sobre el derecho de asociación
- No hay recurso judicial efectivo si las sanciones quedan en pie
- El RePET, un ejemplo de castigo administrativo arbitrario que pretende ampliarse
IV. Figuras penales abiertas e inconstitucionales
- Problemas de legalidad y definición de tipos penales
- Creación de nuevos delitos vinculados a “actividades terroristas”
