El CELS presentó hoy una impugnación a la candidatura del juez federal salteño Abel Cornejo para el Superior Tribunal de la provincia, por considerar que el magistrado, no cumple con el requisito de “compromiso con los derechos humanos y el sistema democrático” que se requiere para ser designado en un cargo de esas características. En 2001, Cornejo ordenó a la gendarmería despejar el corte de la ruta 34 y desencadenó una seria represión que culminó con la muerte de dos manifestantes.
Además de ordenar la represión del 2001, Cornejo procesó a los manifestantes por el delito de sedición, una figura que no aplicaba al caso. Con esta decisión, el juez se convirtió en uno de los primeros magistrados que por medio de procesamientos con prisión preventiva criminalizó reclamos sociales de los sectores más desprotegidos de la sociedad.
Al mismo tiempo, Cornejo aplicó criterios corporativos cuando votó en contra de acusación del ex juez Juan José Galeano, por la investigación fraguada que realizó sobre el atentado de la AMIA. Cornejo privilegió sus lazos con el Poder Judicial, en lugar de la reparación de las victimas del caso. Actualmente, Galeano se encuentra con un procesamiento firme por su actuación en esa investigación.
Tras la impugnación, el gobernador, Juan Manuel Urtubey, deberá evaluar si envía el pliego de Cornejo al Senado o lo retira, como solicitaron diversas organizaciones de derechos humanos. Luego de las designaciones de los jueces Gustavo Ferraris y Guillermo Catalano, realizadas por el ex gobernador Romero sobre el final de su mandato y cuestionadas por las organizaciones sociales de la provincia, el retiro del pliego sería una señal clara en pos de la recuperación de la legitimidad del Superior Tribunal.
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