Repudio al decisión que limita el juzgamiento de violaciones de derechos humanos en Perú

Las disposiciones del Poder Ejecutivo peruano resultan incompatibles con el desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y contravienen la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano y de la Corte Suprema de Justicia dictada en el caso Fujimori.

Las organizaciones de derechos humanos abajo firmantes expresamos nuestro repudio a la reciente promulgación, por parte del Poder Ejecutivo peruano, de varios decretos legislativos, en los que se pone límites a la persecución penal de integrantes de las fuerzas armadas y policiales implicados en casos de graves violaciones a los derechos humanos. Esta medida, producto del uso de facultades legislativas extraordinarias otorgadas por el Congreso de la República, implica un claro retroceso en la lucha contra la impunidad en la región, en la cual el histórico juicio al ex presidente Alberto Fujimori constituyó un hito fundamental.

El decreto Nº 1097, por ejemplo, que entró en vigencia el pasado 2 de septiembre, pretende garantizar que las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Perú en la década del 90 no sean consideradas crímenes de lesa humanidad, sino apenas delitos comunes y por lo tanto pasibles de prescribir. Asimismo, establece un límite temporal a los procesos judiciales en marcha, y ordena archivar los que lo hayan superado. También otorga una serie de privilegios a los acusados de graves violaciones a los derechos humanos que podrían facilitar la obstrucción de la justicia.

Es claro que estas disposiciones resultan incompatibles con el desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y contravienen la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano y de la Corte Suprema de Justicia dictada en el caso Fujimori.

Es por ello que las organizaciones firmantes rechazamos las recientes medidas dispuestas por el Gobierno de Perú, y manifestamos que seguiremos acompañando a las víctimas, familiares y al movimiento de derechos humanos en el reclamo por verdad y justicia de los crímenes contra la humanidad cometidos en el pasado reciente.

Amnistía Internacional (organización internacional)
Asistencia Legal por los Derechos Humanos – ASILEGAL (México)
Asociación AGORA (Perú)
Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH (Perú)
Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas – CEDHAPI (México)
Centro de Derechos y Desarrollo  – CEDAL (Perú)
Centro de Documentación en Derechos Humanos Segundo Montes Mozo S.J. – CSMM
(Ecuador)
Centro de Estudios Legales y Sociales – CELS (Argentina)
Centro de Investigación y Promoción Social – Ciprosoc (México)
Centro de Politicas Publicas y Derechos Humanos – Peru EQUIDAD (Perú)
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos – CENIDH (Nicaragua)
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Colombia)
Comisión Colombiana de Juristas (Colombia)
Comité de Familiares de las Víctimas – Cofavic (Venezuela)
Corporación Humanas Chile
Cotidiano Mujer (Uruguay)
Espacio Público (Venezuela)
Fundación para la Justicia y la Defensa de los Derechos Humanos – FUNJUDEH (Guatemala)
Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos – GIDH (Colombia) 
Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas – IDHUCA (El Salvador)
Justiça Global (Brasil)
Oficina Jurídica Para la Mujer de Cochabamba (Bolivia)

Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos – Provea (Venezuela)
Vicaría de Derechos Humanos de Caracas (Venezuela)