El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) expresa su más enérgico repudio ante la represión que tuvo lugar el martes por la noche en el desalojo de un predio en Villa Soldati, durante la cual se produjeron los asesinatos de Rosemary Churapuña y Bernardo Salgueiro y más de una decena de personas resultaron heridas.
A 48 horas de los hechos, los máximos responsables políticos de la Policía Federal y la Policía Metropolitana aún no han brindado una explicación detallada y convincente de lo sucedido. Ambas fuerzas llevaron adelante el operativo de manera descoordinada y sin control alguno en el ejercicio de la violencia. Los efectivos persiguieron manifestantes, golpearon salvajemente a personas caídas y realizaron disparos con escopetas desde puentes cercanos a la Villa 20. Todo eso con un especial interés por impedir que se filmaran sus acciones.
Más allá de las responsabilidades penales y administrativas por las muertes y las lesiones graves producidas, existe una responsabilidad política que obliga a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que no se vuelvan a repetir situaciones similares. Es indispensable realizar una reforma estructural que garantice el gobierno civil de las fuerzas de seguridad. Sólo un liderazgo político eficiente sobre el sistema policial permitirá lograr un cambio en sus formas tradicionales de funcionamiento y organización.
Por otra parte, la represión es inseparable de la política de desalojos compulsivos que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires impulsa desde 2007 como única respuesta frente al déficit habitacional, sin ofrecer ningún tipo de alternativa para los desalojados. El martes, luego de que la jueza María Cristina Nazar ordenara el desalojo al Ministerio de Justicia Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, ningún funcionario político logró promover una solución pacífica y de fondo sobre el conflicto social o, por lo menos, monitorear el operativo policial.
Los hechos de Villa Soldati implicaron una regresión inadmisible respecto de la política de contención de la violencia policial en casos de demandas sociales. Desde 2003 las fuerzas de seguridad recibieron ante este tipo de situaciones una clara conducción y un estricto control de la ejecución de los operativos que incluía en todos los casos la presencia de interlocutores civiles y la prohibición total del uso de armas de fuego. Este umbral de una política de seguridad democrática ha sido traspasado en la noche del martes.
El CELS exige al Poder Ejecutivo Nacional avanzar hacia una regulación específica sobre la actuación de las policías que además debería funcionar como un piso común de ejercicio de derechos en todo el territorio nacional. La ausencia de ese tipo de órdenes ha dado lugar a alevosas omisiones, como ocurrió en el caso de Mariano Ferreyra, a represiones sin límites como la que tuvo lugar en Soldati; y ha mostrado su faceta más reprobable con las recientes muertes causadas por la policía de Formosa y las cuatro ejecuciones extrajudiciales que tuvieron lugar entre junio y octubre de 2010 en la provincia de Río Negro.