El proceso de remoción contra el juez de garantías de San Isidro Rafael Sal Lari representa un grave riesgo para la independencia judicial en la provincia de Buenos Aires. El juez Sal Lari está siendo acusado por hechos falsos, en el marco de una campaña de mano dura impulsada por el intendente Gustavo Posse, que encuentra respaldo en algunos sectores políticos de la provincia.
Este tipo de respuestas demagógicas que buscan emparentar los reclamos de seguridad con restricciones en el ejercicio de derechos insisten con recetas fracasadas. No brindan soluciones efectivas a las víctimas ni garantizan avances en la prevención del delito.
El proceso contra Sal Lari llegó a esta instancia impulsado por una campaña política y mediática que utilizó la figura del juez como chivo expiatorio al que adjudicar las deficiencias de los tres poderes del Estado para implementar una política de seguridad eficaz. Por eso, la decisión que debe adoptar hoy el jury de enjuiciamiento no sólo va a afectar al juez Sal Lari, sino que también será leída como un mensaje de disciplinamiento para el resto del Poder Judicial. Por eso es fundamental que los integrantes del jury apuesten a la vigencia del Estado de derecho y la construcción de políticas de seguridad democráticas.